Un fuego que devora

Carlos Duclós / La Capital

La decisión de demandar a dos gremios que participaron en la marcha que culminó con el incendio del museo Angel Gallardo y parte de las instalaciones de la Facultad de Derecho no está exenta, según parece, de las presiones de algunos abogados sobre otros reconocidos letrados que, con razón, consideran un despropósito demandar a todos los trabajadores de los gremios por un hecho que, en todo caso y dudosamente, involucra a un reducido grupo de personas.

Dudosamente, se dice, porque a poco que se repasen los hechos muchas dudas quedan sobre quienes fueron los autores del hecho aunque vaya a saber por qué motivos los investigadores, sin mayores trámites y muchos menos anhelos de arribar a la verdad, cayeron únicamente sobre dos organizaciones gremiales: el Sindicato de Trabajadores Municipales y el de Luz y Fuerza. Es menester señalar cuáles son algunas, de las tantas, dudas que merodean en torno de la cuestión. Una de ellas es, por ejemplo, que justo sobre la vereda del inmueble incendiado quedaron morteros de cartón lanzadores de bombas de estruendos, morteros que jamás habrían utilizado los gremios sobre quienes ahora pesa la culpa. "Nosotros jamás, en ningún acto ni en ninguna movilización utilizamos morteros de cartón -dijo un gremialista de los sindicatos acusados-; siempre levamos morteros de hierro por razones de seguridad y eso lo sabe todo el mundo". Otro de los hechos que viene a tender un manto espeso de dudas es que en un video, celosamente guardado, un testigo dice claramente quiénes eran en realidad los que disparaban esos artefactos pirotécnicos y no menciona precisamente a ninguno de estos dos gremios ¿Por qué razones entonces se carga contra los municipales y los lucifuercistas? ¿Acaso motivos políticos? Llama la atención que no se haya investigado, en un primer momento, la participación de otras personas en el triste episodio. Algunos estudiantes, y hasta parece que las propias autoridades de la Facultad de Derecho, reconocieron que en los techos había personas lanzando pirotecnia ¿A nadie se le ocurrió averiguar qué cosa hacía esa gente en los techos y quiénes eran? Por otra parte, no deja de asombrar que se hablara después del incendio de "llamadas telefónicas amenazantes" sobre autoridades de la casa de estudios ¿Por qué no se investigó tampoco esto?

La verdad es que según parece esta causa estuvo vapuleada desde un primer momento: recayó en un juzgado, se calificó el posible delito, pero luego se cambió el juzgado y antes de pasar a la justicia federal, donde se encuentra actualmente, se volvió a modificar la carátula del expediente. Esto hace pensar al observador que en el caso en cuestión nadie está seguro de nada, excepto que, lamentablemente, un inmueble se incendió.

Por el momento, y desde hace un tiempo, la causa penal está en manos de un juez al que se lo conoce como intachable y que no permitirá que se lo presione de ningún modo: el doctor Carlos Vera Barros. Esto es una garantía de transparencia y equidad en una causa más movida por el fuego de las emociones que por las certezas de sobre quién originó el verdadero fuego. Una causa en la que, según no pocos analistas, hay ausentes sin aviso y que los trabajadores acusados quieren ver en el estrado.