Ocho personas a juicio por el crimen de Diego Peralta

El proceso es por el chico asesinado en El Jagüel, primer episodio de la última ola de secuestros extorsivos

Buenos Aires.- Ocho personas irán a juicio oral por el crimen de Diego Peralta, el chico de 17 años de la localidad bonaerense de El Jagüel que en 2002 se convirtió en la primera víctima de la última ola de secuestros extorsivos que fue asesinada por sus captores, informaron fuentes judiciales.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que ya está todo listo para que se inicie la etapa de la instrucción suplementaria, previa a todo debate, pero los abogados defensores interpusieron un último recurso para intentar que el caso no sea juzgado por un tribunal federal, sino por uno del fuero criminal ordinario.

Si bien desde el principio se sospechó de la participación de policías en el hecho -cuando apareció el cadáver de Peralta, la comisaría de El Jagüel fue incendiada en una pueblada-, ninguno de los ocho imputados es un efectivo policial.

Cinco imputados enfrentarán una carátula durísima que prevé una pena de prisión o reclusión perpetua: secuestro extorsivo en concurso real con homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento para ocultar otro delito (criminis causa).

Se trata de Marcelo Alejandro Cejas, alias Chelo, de 27 años; Julio César Rotela, de 34; Rosa Gisella Pistillo, alias La Gorda Rosita, de 23; Enrique Alberto Báez, alias Baty, de 33; y David Esteban Pereyra, alias Chaca, de 28.

A ellos, el juez federal de Lomas de Zamora que instruyó la causa, Carlos Ferreiro Pella, y el fiscal Daneri, les atribuyeron la captura, el cautiverio, las negociaciones, el crimen de Peralta y el cobro del rescate.

En cambio, José Pablo García; Lauro Raúl Shimabukuro, alias El Chino, de 22 años; y el remisero Fermín Amarilla, de 40; llegarán al debate acusados como partícipes necesarios de secuestro extorsivo, delito que prevé hasta 15 años de cárcel.

Un noveno imputado que estuvo más de dos años prófugo por el caso, Carlos Ramón Pipi Garzón, actualmente se encuentra detenido en Paraguay y en trámites de ser extraditado para que también sea juzgado por el crimen de Peralta.

Según la justicia, García -conocido en la zona como José Buchón-, fue quien le aportó a la banda el dato erróneo de que el padre de Diego, el comerciante Luis Peralta, tenía una caja fuerte con mucho dinero en su casa.

A Shimabukuro, vecino de los Peralta, le atribuyen ser quien realizó la inteligencia previa al secuestro y, a Amarilla, ser el "entregador" cuando en su remís trasladaba a Diego a la escuela.

El rol que cumplió cada uno de los imputados en el secuestro está basado en la confesión que Chelo Cejas hizo ante la justicia y a unos testigos de identidad reservada.

Según el requerimiento fiscal, Diego Alberto Peralta fue secuestrado a las 7.20 del 5 de julio de 2002 en El Jagüel, por delincuentes que, al grito de "alto, policía" y uno de ellos con chaleco antibalas, lo sacaron del remís en el que viajaba al colegio y se lo llevaron en un auto robado.

Los secuestradores trasladaron a Diego hasta su lugar de cautiverio, una vivienda que el presunto líder de la banda, Rotela, tenía en el barrio Los Plátanos de Berazategui, donde desde la primera noche lo doparon con tranquilizantes.

Desde teléfonos públicos, los captores pidieron como rescate 200 mil dólares de rescate, que de acuerdo a una información errónea que tenían, creían que el padre de la víctima guardaba en su casa. Según la confesión de Cejas, al tercer día de cautiverio, la banda tomó la decisión de asesinar a Peralta. Creían que Luis Peralta no quería entregar sus ahorros y que Diego pudo haberles visto las caras.

Así fue que Rotela, Pipi Garzón y Baty Báez trasladaron a Diego desde Los Plátanos hasta una tosquera de la localidad de Ezpeleta y, estando drogado por los sedantes que el propio adolescente les pedía para soportar su cautiverio, le aplicaron tres puñaladas en la espalda y luego lo degollaron con siete incisiones en el cuello.

Para ocultar el cadáver, los delincuentes lo ataron con soga y alambre a un hierro y lo arrojaron a las aguas de la tosquera, donde fue encontrado el 12 de agosto de 2002.

Pese a que ya lo habían asesinado, la banda cobró el 20 de julio de ese año un rescate de 9.000 pesos y 2.000 dólares.

El crimen de Diego causó una conmoción.