Asesinato de un policía en barrio Ludueña

Una polémica razón en el origen del crimen del sargento Martínez

Los jóvenes que iban en la bicicleta de la que partió el tiro mortal fueron detenidos por "actitud sospechosa". Qué implica esa conducta no se aclaró en el expediente

Hernán Lascano / La Capital

Tal vez lo más amargo de la muerte del sargento Orlando Martínez, abatido de un disparo el pasado 4 de febrero en barrio Ludueña, sea que haya perdido la vida por una actuación evitable y que genera una persistente polémica legal. Aquel mediodía, junto a otro compañero de la Patrulla Urbana, se proponía identificar en la calle a dos jóvenes que no estaban haciendo nada ilegal. Los tres policías que fueron testigos de la muerte de Martínez, al declarar en Tribunales, no dan una razón atendible para explicar por qué se acercaron a los dos chicos que iban sobre una bicicleta, uno de los cuales abrió fuego contra el sargento. El que iba en el mismo patrullero que Martínez señaló, simplemente, que lo hicieron porque los muchachos "parecían sospechosos".

Los tribunales que intervienen en el caso pidieron a la superioridad de la Patrulla Urbana que informe sobre el contenido de las hojas de ruta y la asignación de tareas a las dos patrullas que aquel día estaban en Felipe Moré al 400 bis donde se produjo el homicidio de Martínez. Porque las explicaciones sobre el servicio son, para los jueces intervinientes, débiles e inconvincentes.

"Estaban en actitud sospechosa", sostuvo en su declaración judicial el policía Néstor Quiroz, que iba en el mismo móvil que Martínez, para aclarar por qué motivo se proponían detener a los jóvenes. Cuando el sumariante preguntó de qué modo era reconocible la actitud sospechosa, el policía repuso: "Nos damos cuenta por la ropa, por el color de piel y la actitud huidiza". Le contestaron que todo eso no configuraba delito en dos personas que iban en una bicicleta. La réplica de Quiroz fue que la tarea policial era parar a las personas en actitud sospechosa, identificarlas y llevarlos a la comisaría. "Este barrio está lleno de sospechosos", completó.

Si la patrulla no hubiera parado a dos personas que no estaban haciendo nada ilícito -ya que no hay otra versión policial que se oponga a esto- el sargento Martínez probablemente estaría vivo. La pretensión de identificar para averiguar antecedentes a gente que no es sorprendida violando la ley es una práctica que tiene muy fuerte reproche constitucional. Y en el caso de Martínez, según nada lo desmiente hasta ahora, consecuencias fatales. La cuestión de intervenir sobre los sospechosos por portación de cara genera, en definitiva, más inseguridad que la que bajo argumentos reprochables se quiere prevenir (ver aparte).


Los puntos opacos
Martínez fue asesinado de un tiro en la axila el 4 de febrero pasado. El primer detenido, en el lugar del hecho, fue Heraldo V., un chico de 16 años de la comunidad toba. Cuatro días después se entregó Pablo Américo Figueroa, alias Pachi, un joven analfabeto de 21 años. Ambos están imputados de ser los dos que iban en la bicicleta a quienes la patrulla de Martínez quiso identificar.

Heraldo es el que está acusado de autor material del crimen. Este chico afirma que no disparó sino que cargó a un acompañante en la bicicleta 300 metros antes de ser interceptado por los policías y que éste fue quien abrió fuego. Pachi Figueroa se presentó en Tribunales a cuatro días del crimen y antes de antes de hacerlo había radicado un recurso de hábeas corpus sabiendo que estaban detrás suyo. Figueroa niega rotundamente haber estado en la escena del crimen. Y en una medida judicial Heraldo, al ver a Figueroa, aseguró que no era esa la persona a la que había cargado en la bicicleta y que luego mató a Martínez. "Yo a este pibe no lo vi nunca", precisó.

Sin embargo, los tres policías que estaban con Martínez señalaron a Figueroa en una rueda de reconocimiento como quien manejaba la bicicleta. Lo curioso es que, a metros del hecho y apenas instantes después, Heraldo fue detenido pedaleando sobre la misma bicicleta en la que iba el asesino de Martínez, que se había bajado para dispararle.

El caso -que investigan los jueces Raquel Cosgaya y Juan Leandro Artigas- está trillado de puntos ciegos desde el inicio. En principio la misma policía omitió señalar que no era uno sino dos los patrulleros que estuvieron en el lugar del hecho, verdad que surgió de boca de Heraldo, el menor acusado. El acta de procedimiento que debe iniciar la pesquisa, según fuentes del caso, está desaparecida. Las irregularidades iniciales de la actuación preventiva levantaron objeciones en la Brigada de Homicidios que debía tomar el caso. El arma que causó la muerte de Martínez no fue secuestrada y los testimonios de los tres policías tiene contradicciones elementales. En la investigación hay una no salvada confusión de roles atribuidos a los dos detenidos: a los dos se los señala manejando la bicicleta. A Heraldo, el chico acusado de hacer el disparo, se lo detuvo con las manos sobre el manubrio. Mucha cosa entremezclada para el porvenir de una causa que arrancó por la pretensión de identificar a dos chicos "en actitud sospechosa".

Calle Felipe Moré fue cerrada tras el crimen.