Alvear, Perón y los problemas con la curia

Los conflictos entre el Estado argentino y la curia romana vienen de larga data y diferentes presidentes, como Julio A. Roca, Marcelo T. de Alvear y Juan Domingo Perón, adoptaron drásticas medidas.

Roca en 1884 expulsó al nuncio por reclamar la clausura de una publicación y cortó las relaciones con el papado, las que recién se reanudaron en 1900.

Marcelo T. De Alvear, 80 años atrás, también expulsó al nuncio y a su secretario y cortó los salarios a los prelados por tratar de imponer la Iglesia Católica un arzobispo de Buenos Aires rechazado por el gobierno nacional.

En ambos casos se generaron fuertes complicaciones políticas, como cuando durante el gobierno de Perón se cortaron los pagos de salarios a los religiosos en el marco de una ampliación de las libertades de conciencia al tenderse a la igualación de los derechos de los diferentes cultos, lo que motivó que la jerarquía católica se sumara, casi explícitamente, a los complots golpistas que concluyeron por derrocar al gobierno constitucional en septiembre de 1955.

El último de los enfrentamientos fue más silencioso, pero también intenso. Ocurrió cuando en octubre de 2002 el Congreso de la Nación sancionó una ley anulando la jubilación de privilegio que beneficia a los obispos, quienes sin aportar, al pasar a retiro, perciben un haber equivalente al 75 por ciento móvil del sueldo del presidente de la República. El Obispado logró que pocos días después el entonces presidente Eduardo Duhalde vetase la referida ley.

Frente al nuevo conflicto, el gobierno del presidente Néstor Kirchner adoptó similares criterios a los de Roca y Alvear. Pero las circunstancias son otras, porque desde el 10 de octubre de 1966, por un acuerdo firmado con el Vaticano por el gobierno del entonces presidente de facto Juan C. Onganía, que había sido elaborado meses antes y que fuera acordado por el ex presidente Arturo Illia, se pasó del sistema de Patronato al de Concordato, figura ésta que rechaza la interferencia del poder civil.

El Concordato, a partir de la reforma constitucional de 1994, impulsada por los ex presidentes Carlos Menem y Raúl Alfonsín, en virtud del inciso 22 del artículo 75, adquiere el carácter de tratado internacional y presume una condición superior a la ley argentina.

Este conflicto con el Vaticano, que resistió los reclamos del gobierno argentino, se inscribe en una política de cuestionamiento a los derechos de los gobernantes por parte de la autoridad papal.