Detuvieron a otro civil en el marco de la causa Feced

Se trata de Ricardo Chomicki, acusado de colaborar con la dictadura militar. Estaba en Pehuajó

Javier Felcaro / La Capital

Ricardo Chomicki, quien tenía pedido de captura por parte de la Justicia federal de Rosario en el marco de la causa Feced, fue arrestado el fin de semana pasado en Pehuajó (provincia de Buenos Aires).

Se trata de la ex pareja de Nilda Folch, procesada (y actualmente prófuga) en el voluminoso expediente que investiga la represión ilegal durante la última dictadura militar.

Al igual que Folch, una ex militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), Chomicki fue colaborador civil del Servicio de Informaciones, cuyo centro clandestino de detención (El Pozo) funcionó en la ex Jefatura de Policía.

Según testimonios incorporados a la causa, ambos fueron detenidos a comienzos de 1977. Aunque ninguno de ellos sufrió torturas y, posteriormente, pasaron a colaborar con los grupos de tareas.

El juez federal subrogante Carlos Vera Barros, quien ya remitió el exhorto correspondiente, aguarda que Chomicki se trasladado a la brevedad a Rosario a fin de indagarlo.

Las capturas de Chomicki y Folch (alias Polaca), acompañadas por las de otros tres civiles, habían sido ordenadas en el 2004 por el entonces juez federal Nº4 Omar Digerónimo.

Folch cayó el 24 de septiembre en un gimnasio de Rosario. Sobre ella pesaban varios testimonios que también la sindicaron de participar (en forma activa y como testigo) en sesiones de tormentos.

Vera Barros la procesó en noviembre, imputándole los delitos de privación ilegítima de la libertad y torturas en nueve casos. Además, le trabó un embargo por 30 mil pesos. Pero la Cámara Federal la excarceló a fines de diciembre.

No obstante, el juez revocó esta resolución en febrero y libró una nueva orden de captura para Folch por no haberse presentado a una ampliación de indagatoria en los Tribunales de bulevar Oroño al 900.

En tanto, la Cámara aún debe resolver sobre el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de Rubén Cervera, Horacio Maderna y Pedro Pili Rodríguez, denegado previamente por Vera Barros, quien había ordenado una ampliación de indagatoria en el marco de la causa que investiga violaciones a los derechos humanos registradas en San Lorenzo.