Requieren que se indague el encubrimiento policial

Piden resolver la situación procesal de Rossi

Para el fiscal que investiga el abuso de armas del subsecretario de Seguridad, ya está "acotada la imputación"

El fiscal que investiga la amenaza armada a un taxista por parte del subsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Rossi, le pidió ayer al juez del caso que resuelva la situación procesal del funcionario. Aunque no lo explicitó, de ese pedido se infiere que pretende el procesamiento de Rossi, quien está acusado de abuso de autoridad y amenaza con arma. El encargado de la acusación en el proceso, Esteban Franichevich, planteó así que con la evidencia reunida hasta el momento está probada la conducta del responsable de la seguridad en la provincia. Y, en un evidente intento por separar las aguas, le pidió al magistrado que comience a investigar el encubrimiento policial del episodio.

Una vez acreditado qué pasó el 7 de noviembre pasado en la cabecera del puente Rosario-Victoria, donde Rossi embistió a un taxista al que luego amenazó con un arma calibre 40, la pretensión del fiscal es adentrarse en la cadena de ocultamiento que fue bajando escalafones en el organigrama policial hasta plasmarse en un acta donde se falseó lo ocurrido.

Es que el incidente quedó documentado en el acta preventiva labrada por la policía como un simple accidente de tránsito del que, invirtiendo los roles, fue acusado el taxista Sergio Daniel Amaya. El conductor quedó imputado de conducción peligrosa en un juzgado de Faltas. Pero no se hizo ninguna mención en el sumario policial sobre la existencia de una intimidación a mano armada y de la intervención de un gendarme que estaba como centinela en la garita que está en el acceso a la conexión vial a Victoria. En cambio, el incidente sí quedó registrado como una amenaza en un radiograma interno de Gendarmería Nacional fechado el mismo día del episodio, debido a que la situación fue observada por el uniformado.

El gendarme Iván Darío Méndez vio cómo la pickup 4x4 conducida por Rossi embestía a un taxi de Granadero Baigorria, que iba sin pasajeros, en su parte trasera izquierda. Luego, observó cómo el funcionario bajaba de la camioneta empuñando un arma con la que amenazó al conductor hasta que se acercó el gendarme y lo obligó a desarmarse.

Franichevich le hizo llegar ayer su requerimiento al juez de Instrucción Nº 9, quien tiene en sus manos la causa 35/05. De acuerdo a fuentes del caso, el fiscal expresó en su escrito que considera "acotada la imputación". Es decir que, con lo investigado hasta el momento no es necesario sumar nuevas evidencias porque ya se probó la conducta de Rossi.

En ese sentido figuran en el expediente varias pruebas: un informe interno -radiograma- de Gendarmería Nacional, el testimonio del gendarme que vio todo el episodio e intervino, el de un alférez que llegó al lugar a pedido del uniformado y el del comandante Oscar Alfonso Rodríguez, quien firmó el documento. La coartada del subsecretario Rossi se basa en que el taxista víctima de la agresión no reconoció la misma al declarar ante el juez. El funcionario, por su parte, admitió haber bajado arma en mano pero no haberla usado para intimidar al conductor.


Sin plazos establecidos
Pero, con la declaración del gendarme a la vista, en los tribunales estiman que si Rossi es procesado también lo sería el remisero, por brindar un falso testimonio.

El pedido para que se resuelva la situación de Rossi contiene implícito una postura incriminatoria: el fiscal, como órgano de la acusación, pretende que sea procesado. De lo contrario hubiera planteado de modo manifiesto que prefiere que le dicten a Rossi la falta de mérito o el sobreseimiento. La solicitud no sienta plazos. Carbone debe examinar el caso y resolver si procesa o no a Rossi.

Con ese planteo, Franichevich quiere establecer un corte entre lo investigado hasta aquí con lo que sondeará el proceso de ahora en más: el encubrimiento policial. Ayer el fiscal dio un paso en ese sentido: según las fuentes consultadas, le pidió al juez que extienda una copia del expediente a la División Judiciales o a Asuntos Internos de la Unidad Regional II para que se investigue la conducta de los policías que llegaron hasta Rondeau y Circunvalación. Se trata de los uniformados que fueron convocados por el propio Rossi desde su celular o que tuvieron intervención en las actas preventivas que falsearon el incidente.

La intención que se adivina tras el planteo del fiscal es la de investigar en etapas: primero a Rossi y después a la policía. De este modo, con el delito acreditado, nada de lo que digan o callen los uniformados citados por la Justicia modificará la imputación contra el funcionario.

Las sospechas recaen sobre distintos estamentos de la Unidad Regional II porque, tras el incidente, Rossi llamó por teléfono al comisario mayor José Manuel Maldonado, jefe de la policía rosarina, quien a su vez impartió órdenes al inspector de la 2ª zona, comisario inspector Eduardo Aucar, y al jefe de la Agrupación Cuerpos, comisario Miguel Angel Rodríguez para que concurrieran al lugar.

Aucar, a su vez, les pidió al subcomisario Abelardo Chazarreta, a cargo de la subcomisaría 23ª, y al comisario Walter Miranda, subjefe de la seccional 10ª, que acudieran al lugar. Al primero por una cuestión de cercanía geográfica, y al segundo por haber ocurrido el hecho en su jurisdicción. Chazarreta firmó el acta número 8868 por ser él quien primero arribó a Circunvalación y Rondeau, a pesar de que se elaboró en una comisaría que no está a su cargo (la 10ª).

Alejandro Rossi sigue en funciones.