Colapso carcelario. El servicio penitenciario destacó una disminución de las muertes violentas entre rejas

Los presidios santafesinos siguen saturados, pero con menos conflictos

Una mesa de diálogo en la que participan los reclusos, el gobierno y ONG's está dando resultados alentadoressobre la calidad de vida y la convivencia. También se implementó un programa de asesoramiento jurídico

Eduardo Caniglia / La Capital

El número de muertes violentas en las cárceles santafesinas disminuyó en 2004 un 30 por ciento con relación a 2003. La información brindada por una alta fuente penitenciaria, en una primera lectura, no parece un dato menor cuando todavía están frescas las imágenes del trágico motín ocurrido el 10 y 11 de febrero en la ciudad de Córdoba, en el que murieron dos guardiacárceles, cinco reclusos y un oficial de policía. Con su cruenta revuelta, los dos mil reclusos detenidos en el penal de la capital mediterránea desnudaron las condiciones infrahumanas de alojamiento que padecían. Las mismas que se viven en las cárceles santafesinas pero que en los últimos tiempos están siendo reparadas mediante mesas de diálogos en las que participan todos los sectores involucrados.

Las cárceles de la provincia no son la excepción a la saturación y los presos alojados en los presidios santafesinos también sufren el hacinamiento. En este marco, mejorar las condiciones de vida de los reclusos y disminuir el grado de conflictividad parecen ser los ejes de la nueva política penitenciaria diseñada por el gobierno provincial.

Para Fernando Rosúa, director del Servicio Penitenciario santafesino, el descenso de las tensiones en las cárceles "tiene que ver con un gran compromiso de cambio en todos los actores del Servicio Penitenciario", entre quienes incluyó al personal que trabaja en los presidios, a la mayoría de los internos, organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales.

Entre las ONG que asisten a los reclusos está la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), uno de los pilares de la mesa de diálogo que se implementó en el comienzo de la gestión de Rosúa en las unidades penales de Coronda y Rosario. Esa mesa es el ámbito en el que los delegados de los diferentes pabellones plantean sus demandas ante las autoridades penitenciarias y otras entidades como la Pastoral Carcelaria y representantes de iglesias evangélicas.

"Lo interesante (de la propuesta) es que al estar presente el director del SP o el jefe de la unidad se pueden resolver algunas cuestiones al momento y, de acuerdo con los reclamos, ver cuáles son los compromisos que se toman desde el servicio y cuáles son los que asumen los internos. Es decir que hay una responsabilidad mutua y son acuerdos que se ratifican por escrito y deben ser respetados", comentó Lilian Echegoy, de la CTC.

La dirigente de derechos humanos explicó las ventajas de la nueva metodología de trabajo en los dos presidios. "Surgen propuestas de trabajo y de modificación de leyes y por otro lado genera una mejor convivencia dentro del penal y una relación más directa del personal penitenciario con los internos", sostuvo.

Asimismo, Rosúa añadió que el descenso de la violencia en los penales está reflejado en los "resultados de la mesa de diálogo", aunque admitió la saturación de las cárceles y aceptó que los "problemas se solucionarán" en la medida en que desaparezcan las condiciones de hacinamiento con la construcción de nuevos presidios.

Otra iniciativa para que los "reclusos puedan reinsertarse en la sociedad" tal cual lo sostiene la Constitución nacional respecto de la finalidad de las cárceles, que en la provincia comenzó a implementarse es el Programa de Consultorios Jurídicos, con la participación de abogados de la Secretaría de Derechos Humanos provincial. El análisis de los resultados de la nueva iniciativa, aplicada en Las Flores y Coronda, varía de acuerdo a los actores que lo formulan.

Más allá de la importancia de la iniciativa, cabe aclarar que su implementación se concretó después de catorce meses sin control de las causas judiciales de los reclusos de Coronda, a raíz de la ausencia de un juez de ejecución penal. Luego de más de un año sin que nadie ocupara ese cargo, el año pasado se nombró a Julio César Arri.

Para el secretario de Derechos Humanos, Domingo Pochettino, "este programa contribuyó a bajar las tensiones". El funcionario explicó que "la mayor cantidad de planteos tienen que ver con problemas de los procesos penales de los reclusos que no se han solucionado en los juzgados". Y citó un dato cuanto menos preocupante para fundamentar la morosidad judicial: "El 40% de los procesados después de dos o tres años de estar detenidos son absueltos o sobreseídos". Por ello, desde la provincia se espera resolver en un corto plazo la propuesta de seguimiento satelital mediante pulseras electrónicas para no sólo poder sacar a los procesados de las cárceles sino también descomprimir los penales (ver página 32).

Pochettino describió el escenario en que se desenvuelve la vida diaria de estos reclusos. "Hay un alto grado de insatisfacción de los presos que están en esa condición porque muchas veces no saben cómo están las causas, por qué se demoran, por qué no se cumplen algunos términos legales. Entonces, por lo menos hacemos las veces de rueda de auxilio con sus propios abogados y con la misma Justicia", sostuvo.

Y en el mismo sentido se pronunció Rosúa: "Hay que fortalecer los consultorios jurídicos porque el gran problema es la indefensión de los internos cuando son condenados, ya que el abogado o el defensor oficial que lleva adelante la causa deja de asistirlos y ellos (los presos) no tienen la capacidad técnica para defenderse".

En este sentido, el director del Servicio Penitenciario también anunció que se firmarán acuerdos con las universidades de Rosario y del Litoral para que pasantes de esas casas de altos estudios brinden "asistencia jurídica" a los presos.


Otra visión
La visión de Echegoy difiere de la de los funcionarios y cuestiona la iniciativa. "El proyecto de consultorios jurídicos en Coronda no funcionó porque el abogado que designó (la secretaría) Derechos Humanos no resolvió demandas primarias, según dijeron los presos. Si bien en un primer momento tuvo un montón de consultas, en realidad después no resolvió absolutamente nada. Los reclamos tenían que ver con trámites judiciales vinculados con la ley de ejecución penal", comentó.

La dirigente marcó una diferencia conceptual respecto de la participación de la mencionada secretaría en la resolución de los conflictos de quienes están entre rejas. "No es un organismo de derechos humanos porque es parte de la estructura gubernamental y, en consecuencia, me parece que las limitaciones están dadas en ese sentido".

Echegoy aceptó que la nueva metodología que se lleva adelante para quienes están privados de la libertad tiene "resultados alentadores", pero señaló que todavía hay cuestiones sin resolver. "Nos preocupan mucho los pabellones llamados de disciplina, que en realidad son de castigo porque los detenidos están en condiciones infrahumanas", aseguró.

Pero en este punto, Rosúa no coincidió con la dirigente de la CTC. "El aislamiento, como sanción, no me parece mal, porque la ley lo reconoce. Pero hay que ejecutarlo en condiciones dignas. Estamos trabajando en una reforma de los pabellones disciplinarios de Coronda para que tengan mejores condiciones de seguridad y salubridad.

Las muertes violentas en los presidios santafesinos disminuyeron un 30% en los dos últimos años.