El gobierno vuelve a investigar bienes del ex comisario Sobrado

El Ministerio de Seguridad bonaerense lo acusa de enriquecimiento superior al medio millón de dólares

El gobierno bonaerense volverá a investigar el patrimonio del ex jefe de la policía, Alberto Sobrado, y lo intimará para que justifique sus bienes, informaron voceros del Ministerio de Seguridad provincial. Sobrado, que el año pasado ya había sido denunciado e investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito, deberá nuevamente responder a una requisitoria de Asuntos Internos del ministerio "esta vez más específica sobre sus bienes", dijeron las fuentes consultadas.

La investigación se pondrá en marcha en los próximos días y será de caracter administrativo, pero podrá dar lugar a una nueva denuncia penal, si se obtiene información sobre un nuevo incremento patrimonial de Sobrado.

En las últimas semanas se produjeron importantes novedades en esta causa, que incluyeron la posibilidad del fin de las investigaciones, pero esa instancia finalmente no llegó por un expreso pedido de la Procuración General de la Corte para seguir adelante con el caso.

La procuradora María del Carmen Falbo instruyó al fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, para que siga adelante con la instrucción del expediente que le imputa a Sobrado un enriquecimiento ilícito superior al medio millón de dólares.

El cierre de las acciones judiciales contra Sobrado había sido solicitado a fines del año pasado por el juez de Garantías, César Melazo, e inmediatamente apelado por el ministerio público. No obstante, en un cambio total de postura, el fiscal Vogliolo, decidió no mantener ese recurso, que había presentado la fiscal Leyla Aguilar, por lo que el caso se había cerrado.

En esta nueva instancia, Vogliolo coincidió con Melazo, quien consideró que la fiscalía que instruyó la causa contra Sobrado "había configurado el delito de enriquecimiento ilícito en sede judicial".

Para estos casos, la ley determina que "al imputado primero se lo debe intimar en sede administrativa para que justifique el origen del patrimonio", según aclararon los voceros judiciales.

Por la causa de enriquecimiento ilícito, el ex superintendente de la policía fue separado definitivamente en noviembre de la fuerza por disposición del ministerio de Seguridad bonaerense.


Tecnicismo judicial
La posibilidad de que este caso quedara impune por un tecnicismo judicial llevó al gobernador Felipe Solá a cuestionar la decisión judicial. "Nos parece una vergüenza, razón por la cual hemos decidido con el ministro (de Seguridad León) Arslanian que vamos a volver a hacer los deberes en Asuntos Internos de nuestra policía para volver a meter esta denuncia, porque decían que había pocos datos, pero vamos a encontrar los que hagan falta", dijo Solá sobre esa novedad procesal.

El gobernador consideró que éste "no es un caso para cerrar rápido con absurdos argumentos, porque está la moral de la policía y del Estado en juego", por lo que "hay que investigar".

Solá ya se había enfrentado hace dos años con el juez Melazo, cuando el magistrado anuló cuatro allanamientos realizados por la policía en desarmaderos en los que se incautaron autos robados.

La medida del juez, adoptada en pleno proceso contra desarmaderos clandestinos, irritó a Solá que, a través del Ministerio de Justicia, presentó un pedido de jury de enjuiciamiento contra Melazo por presunto "mal desempeño de sus funciones", que después no prosperó.

En la investigación judicial, los peritos determinaron que Sobrado pretendió probar una importante herencia recibida de sus padres con fundamentos "remotos, incompletos, inciertos" y hasta "falsos" y describieron a sus rectificaciones ante la Afip como una "suerte de blanqueo ensayado con posterioridad a la denuncia".

Desde el año 1997 y hasta que fue retirado, el 3 de julio de 2003, Sobrado había declarado ante el Ministerio de Seguridad tener dos casas, un automóvil y algunos créditos por cobrar.

Sin embargo, tras las averiguaciones periodísticas, corroboradas luego por las investigaciones del Poder Judicial y la Auditoría General de Asuntos Internos, se conocieron inversiones superiores al medio millón de dólares efectuadas en Uruguay por quien dijo ser "empresario" y "rentista" y haber obtenido los fondos por sus "ahorros familiares, inversiones y negocios personales". (Télam)