Capacidad de accionar del Estado

Muchas de las impresiones que maestros, padres, especialistas y funcionarios tienen sobre las desigualdades del sector educativo se confirman en los datos recogidos y analizados en el estudio que encaró el Cipecc: "Los Estados provinciales frente a las brechas socioeducativas. Una sociología política de las desigualdades educativas en las provincias argentinas".

El informe final del trabajo fue presentado en julio del año pasado por el área de política educativa de este centro que tiene en sede en Buenos Aires. La directora del proyecto es Irene Oiberman, y trabajaron en el asesoramiento técnico Inés Aguerrondo; como investigadores principales Axel Rivas y Cecilia Veleda y como investigadores asistentes Florencia Mezzadra, Paola Llinás y Florencia Luci.

El trabajo abarca 168 páginas que incluyen cuadros y estadísticas, puede leerse de manera completa en la página web www.cippec.org. Pero además ofrece, provincia por provincia, un reporte por separado.

En un interesante análisis realizado en la introducción del informe, los autores consideran que "la concepción y las funciones del Estado difieren ampliamente según los contextos", regiones y provincias.

Resaltan entonces que la regulación, gestión y control de la educación aparece como una de las principales esferas delegadas en la diversidad de situaciones políticas, sociales y económicas de las distintas jurisdicciones.

Se constata, dicen los especialistas, de qué manera hay fuerzas que operan sobre la dinámica de la toma de decisiones afectan las prácticas y procesos internos de la educación.

Y citan como ejemplos de tal afirmación a los "gobiernos centrados en la acumulación de poder, desinteresados frente a las lógicas de largo plazo y poco redituables en términos políticos de la educación; presiones presupuestarias constantes especialmente en torno de los sistemas educativos ampliados y definitivamente provincializados; equipos técnicos mal pagos que no han recibido la capacitación necesaria para gestionar un sistema educativo ampliado y en proceso de reforma y voluntades aisladas intentando escapar a la lógica de apagar incendios constante que prima en la administración central del Estado, dan lugar a un cúmulo de condiciones irregulares e inadvertidas de la configuración educativa actual del federalismo argentino".

Por eso enfatizan que es justamente en ese panorama que se "prolongan diversas expresiones de lo que en la esfera externa de la educación ya es evidente: la desigualdad social".

Los investigadores mencionan a manera ilustrativa lo que verificaron durante las visitas que demandó el estudio por las administraciones provinciales y las escuelas: "El desconocimiento acerca de la información educativa disponible hace que a veces ni siquiera se sepa la cantidad de alumnos, docentes y escuelas de una provincia y menos aún los recursos y las condiciones de infraestructura y equipamiento básico que utilizan cotidianamente".

También que "la lógica de resolución de problemas inmediatos y aislados hace que muchas veces sea imposible planificar aspectos propiamente educativos y prevenir las desigualdades que surjan de esta dinámica de presión directa de agentes individuales sobre las esferas del Estado".

No quedan al margen de este análisis cómo se resintió el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de la masificación de la escolarización (a partir de la extensión de la obligatoriedad a 10 años), en un contexto donde paralelamente crecían la pobreza y el desempleo: se atendió entonces más a las necesidades básicas de alimentación y contención social que a los aspectos propios de la escuela.

"En esas condiciones -advierten los analistas- no llama la atención que los Estados provinciales dejen pasar inadvertidas (y hasta contribuyan a crear) ciertas inequidades en la distribución de la educación, cuya responsabilidad está a su cargo casi enteramente (más allá del papel que juega el Estado nacional en la materia). Incluso, esta situación facilita la expansión de los "mercados educativos" dejados a la demanda, que contribuyen a ampliar las desigualdades existentes sin parámetros de integración social".

En este sentido, el estudio se propone indagar sobre un indicador que mida la equidad en la educación que se imparte en las diferentes jurisdicciones, abordando "el problema de las desigualdades educativas desde las perspectivas comparada de las provincias". Para los especialistas, se trata de abordar un tema "en muchos sentidos naturalizado en la agenda política provincial".