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 miércoles, 23 de febrero de 2005  
El escándalo de Ezeiza

El escándalo por el tráfico de 60 kilogramos de cocaína desde Ezeiza hacia España en un avión de Southern Winds (SW) ha provocado un cimbronazo político de envergadura y con consecuencias todavía impredecibles. Aún resuenan los ecos de dos decisiones contundentes del presidente de la Nación: la disolución de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN) y el descabezamiento de la cúpula de la Fuerza Aérea, que determinó el reemplazo de su jefe y el pase a retiro de más de diez brigadieres. Ahora será la Gendarmería nacional la encargada de controlar el aeropuerto de Ezeiza. Con respecto a la PAN, por estas horas se está buscando una forma legal que permita reinsertar a sus 2.200 miembros en otras áreas de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, aún restan resolverse varias cuestiones. En primer término, es obvio decirlo, determinar la cadena de responsabilidades que permitió no solamente que se cometiera un delito sino, además, que ese delito, del que se tenía conocimiento, no fuese transmitido de inmediato a las autoridades correspondientes. La Justicia tiene que determinar asimismo si la empresa SW tuvo participación corporativa en el hecho o si se trató del accionar aislado de algunos empleados "infieles".

Finalmente, dilucidar la relación entre el Estado y la empresa de aviación. El gobierno nacional aseguró que el vínculo que mantiene con SW es sólo de asistencia financiera a una empresa deficitaria, sin ningún otro tipo de injerencia. Cuando SW decidió incorporar a los empleados que habían perdido sus trabajos en Lapa y Dinar, rubricaron un acuerdo de cooperación y apoyo económico. Como para despejar cualquier tipo de dudas al respecto, el propio Kirchner ha pedido que si en SW hay culpables, la Justicia los castigue con toda su fuerza. La oposición, no obstante, no quedó conforme con las explicaciones y cuestiona en duros términos al oficialismo.

Es esperable que la puja política no desnaturalice la investigación y así se pueda conocer a ciencia cierta quiénes son los culpables, si hechos similares pudieron suceder en otras oportunidades y, fundamentalmente, si se pueden instrumentar los controles adecuados para evitar que se produzcan en el futuro.
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