Casos. El crimen de Sandra Cabrera y la prostitución en Rosario

Asignaturas pendientes

Miembros de Ammar dicen que la policía sigue usando el Código de Faltas para coimear a las meretrices

Paola Irurtia / La Capital

"La policía no pierde oportunidad de coimear, por eso pedimos que se deroguen los artículos del Código de Faltas", dice Claudia Lucero, la secretaria general de la sección rosarina de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar). El anuncio que realizó el gobernador Jorge Obeid sobre la "derogación y modificación" de esa normativa fue lo bastante impreciso como para abrir dudas. "No me parece creíble. Ya hizo el mismo anuncio antes", recuerda Blanca Ibáñez, contadora de Ammar.

En base a la imprecisa referencia a la "ofensa al pudor" y "la prostitución escandalosa", los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas permiten la persecución de meretrices y travestis. Según denuncias que son ya históricas, las detenciones no sólo contribuyen a una caja negra que recauda el dinero obtenido en coimas y extorsiones, sino que se traducen en golpizas, humillaciones y malos tratos.

"Queremos que deroguen los artículos y nos dejen trabajar en libertad", reclaman las integrantes de Ammar.

Las denuncias y peleas que lideró Sandra Cabrera hasta su muerte no fueron en vano: lograron instaurar en sus compañeras la certeza de que tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano. "La última vez que la policía amenazó con meter presa a una compañera ella les dijo que estaba agremiada. Aceptó que la llevaran, pero dijo que tenía derecho a una llamada y al llegar a la comisaría iba a comunicarse con su abogada. Y no la detuvieron", dice Claudia Lucero.

Sin embargo, "a las compañeras las atacan igual. Si no están en Ammar la policía las molestan más. Por ejemplo, estacionan un patrullero en la parada y no las dejan trabajar, que es otra forma de extorsión. Muchas tienen que cambiar de lugares, de horario, o tienen que trabajar mientras la policía persigue a su compañera".

Lucero se opone a la delimitación de zonas rojas y a que las meretrices sean obligadas a trabajar en departamentos. "Queremos libertad -dice-. Hemos trabajado siempre en la calle y nunca tuvimos problemas con los vecinos. Delimitar zonas sería tratarnos como vacas: nos llevan a un corralito y nos hacen quedar ahí".

Además, "las chicas que trabajan en la calle son independientes: muchas no podrían alquilar un departamento, por lo que terminarían regenteadas".

Ammar sólo reúne a las meretrices que ofertan sexo en la calle. Las mujeres que trabajan en lugares cerrados, dice Blanca Ibáñez, dejan el 50 por ciento de sus ingresos al encargado del local. "No importa cómo los llamen: están encerradas en verdaderos prostíbulos", destaca.

Mientras tanto, el crimen de Sandra Cabrera, asesinada de un disparo en la nuca, en la calle, el 27 de enero de 2004, permanece impune. La investigación judicial quedó trunca en menos de un año con la liberación de Diego Parvlucyzk, un policía federal que fue el único procesado en la causa. Parvlucyzk estaba ligado a Cabrera por cuestiones de afecto y de drogas, lo que dejó la descubierto otro aspecto sombrío de la relación entre policías y prostitutas.

"Ese hombre es el principal sospechoso. El declaró públicamente «Yo conocía a Sandra. No la maté, pero sé quién lo hizo» -recuerda Ibáñez- Si sabe el nombre y no lo dijo, al menos es cómplice". Lucero remarca la indignación ante la falta de respuestas. "Esa es una deuda que la Justicia tiene con la sociedad", dice.


Una estructura mafiosa
Emiliano Casal, miembro del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insegnar), apoya la derogación de los artículos del Código de Faltas "en los que se basa la organización de todo un sistema de recaudación ilegal" por parte de la policía y las organizaciones que lucran con el comercio sexual y de mujeres y niños. Señala también que la penalización "recae siempre, de manera asimétrica, sobre la persona que se ve obligada a prostituirse".

"Hay una intención de despenalizar la actividad, de hacer controles, de preservar la salud, pero nunca se habla del tráfico -destaca Casal-. Detrás de las mujeres que son obligadas a prostituirse funciona una estructura mafiosa. Esas mujeres no son libres, no entran y se van como si nada. Han pagado por ellas y no las dejan salir. Nadie toma ese aspecto a nivel de políticas públicas".

Casal considera que la prostitución "no puede ser considerada un trabajo" y que las mujeres están "en prostitución" como una situación no deseable, aunque reconoce que equipararla a otros trabajos "es un intento de darle algo de dignidad". Sin embargo, "no puede ser considerada trabajo una actividad en la que vendés tu cuerpo como un objeto de uso, por lo inseparable que resulta el cuerpo de la persona. Es distinta a la actividad de un deportista, o el empleo en una fábrica".

Esa mirada contrasta con la de las meretrices que se proclaman "trabajadoras sexuales", reclaman la dignidad de su trabajo y esgrimen que se trata del "empleo más viejo del mundo". Otros grupos consideran que la prostitución no es "deseable", pero constituye su única posibilidad de insertarse en el sistema económico.

"Hay mujeres, travestis y transexuales que no ven a la prostitución como un trabajo digno y toda su vida han tratado de escapar. Pero es una actividad que está ligada a los condicionamientos con los que crecieron. Muchas veces ni se pueden imaginar con otra vida", dice Casal.

Esos mismos límites encontró en niñas "que fueron abusadas dentro de su familia o el círculo de sus relaciones, y encuentran en la prostitución un avance respecto al maltrato, ya que al menos, cobran. Pero no creo que nadie pueda llamar trabajo a la prostitución infantil".

¿Quién mató a Sandra Cabrera?, una pregunta sin respuesta.