Desaparecidos. La abogada de la APDH da su visión del juicio a Scilingo

"Todos aquellos que tuvieron cargos funcionales jerárquicos son responsables"

Para Ana María Figueroa, se debe privilegiar el criterio de justicia universal por sobre el derecho penal liberal clásico

Jorge Kaplán / La Capital

La abogada Ana María Figueroa, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), estuvo en Madrid como observadora del juicio que se desarrolla en esa ciudad al ex represor Adolfo Scilingo. A su regreso, en diálogo con La Capital, sostuvo la necesidad de que en los juicios de la verdad -tanto en España como en Argentina- se aplique el criterio de justicia universal para los derechos humanos, dejando de lado los del derecho penal liberal clásico. Aseguró que esa fue la tesis aplicada por el juez ibérico Baltasar Garzón y que será el criterio que finalmente utilice la Audiencia de Madrid en el caso del ex marino que confesó haber participado de los vuelos de la muerte.

-¿Cuál es la estrategia en los juicios de la verdad?

-Plantear que todos los que estuvieron en la dictadura son responsables y los principios de la justicia universal y el derecho internacional para los derechos humanos, y los imputados intentan de defenderse con el derecho penal liberal clásico.

-¿Esa discusión también se da en la Justicia española?

-Sí, es la que se está produciendo en el juicio contra Scilingo. La defensa se esfuerza en preguntar a todos los testigos "¿usted lo vio a Scilingo en la Esma?". Y no, la mayoría de los que lo han visto a Scilingo en la Esma son las víctimas de los vuelos y están desaparecidos o muertos. Entonces no se pueden probar con los principios del derecho penal liberal clásico crímenes contra la humanidad. Para ellos hay otro procedimiento, con todas las garantías del derecho de defensa en juicio.

-¿En España no hay un criterio definido entonces?

-Es la lucha. Por un lado los abogados de la Asociación Derechos Humanos Madrid intentan hacerlo de esa forma, y por otro lado los abogados de los genocidas lo quieren hacer de la otra, a ver si zafan. Lo que también está en la conciencia general de los abogados que han estado cerca de todos estos procesos es que pareciera que va a haber condena, que se van a aplicar los principios de justicia universal por encima del derecho penal liberal clásico.

-¿En la Argentina ocurre lo mismo?

-Los defensores de los represores intentan hacer la misma estrategia. El asunto es que con Scilingo, con (el ex general Ramón) Díaz Bessone, o los imputados de Rosario hay que preguntarles a estos señores: "¿Usted era el responsable de ese lugar, era jefe, subjefe, jefe de área?, bien, y ¿ahí funcionaba un centro clandestino de detención?, bueno señor, usted es responsable". No puede decir "yo no fui el que enchufó la picana", o "yo no fui el que llevó adelante la tortura". Estas personas tienen responsabilidad funcional. Además lo que aquí se está litigando no es un simple tema de homicidio; es genocidio, es todo el accionar del Estado con absoluta impunidad para llevar adelante un plan sistemático destinado a la desaparición física de determinadas personas. Es distinta la calificación, aunque el hecho es el mismo: se mató a una persona.

-Hay quienes consideran que las causas en Rosario cuentan mayormente con pruebas testimoniales y que no son suficientes.

-Acá hay que preguntarse si esa gente estaba o no en ese momento en el lugar con cargos funcionales jerárquicos, militares, o civiles bajo jurisdicción militar. Y lo estaban. ¿En ese momento había allí o no un campo clandestino de detención? Lo había. ¿Estas personas fueron o no víctimas? Lo fueron. Mucho más no hay que probar. Acá pareciera que es necesario probar que alguien enchufó el aparato, que estaba picaneando y que le hubieran sacado una foto en el momento. Eso es imposible. Tampoco así fueron las pruebas que se sustanciaron en el Juicio de Nuremberg, y sin embargo tuvieron condena.

La penalista insiste en que en la Argentina hay que hablar de "genocidio".