Pinochetistas preocupados por un fallo

Santiago. - Un fuerte debate se abrió en Chile por el procesamiento judicial, conocido este viernes, de dos ex ministros de la dictadura de Augusto Pinochet por casos de violaciones a los derechos humanos, pues podría ser el inicio de sucesivos juicios a ex autoridades del régimen militar por sus responsabilidades políticas.

El juez Juan Guzmán procesó a los generales en retiro Enrique Montero Marx y César Raúl Benavides, ex ministros de Interior de Pinochet, como cómplices de 20 secuestros calificados en el caso "Operación Colombo". En éste hubo 119 desapariciones de miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), entre 1974-75. El plan lo ejecutó la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) e incluyó un montaje comunicacional para hacer parecer esas muertes como producto de una guerra interna del MIR, concretada en países vecinos.

Además, Guzmán dictó otro procesamiento contra Benavides como cómplice en la desaparición de cinco militantes del MIR ocurridas en 1976, en el marco de la "Operación Cóndor", el plan coordinado de las dictaduras del Cono Sur para exterminar a opositores en la década de los 70.

La resolución de Guzmán provocó revuelo ya que se trata del primer encausamiento contra ex funcionarios políticos durante el régimen militar, que no aparecen, prima facie, vinculados en forma directa u operativa con las violaciones a los derechos humanos, ya sea dando órdenes o ejecutando los delitos.


Imposible no saber
El argumento del magistrado fue lo que más preocupación causó en ciertos sectores de la derecha pinochetista, ya que encausó a los dos ex ministros porque "era imposible" que no supieran de las detenciones ilegales que se registraban, dados sus altos cargos, de modo que se supone su complicidad.

Jueces chilenos han justificado la inactividad de las cortes de apelaciones locales para tramitar recursos de amparo en los inicios de la dictadura (1973-90), señalando que no podían resolverlos porque las autoridades políticas negaban tener antecedentes de detenciones.

Con su fallo, el juez Guzmán instala un nuevo debate jurídico y puede ser el inicio de un desfile por los tribunales de ex funcionarios de la dictadura, si otros magistrados adoptan el mismo criterio. Al respecto, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI, de derecha dura), comentó que le "cuesta creer que haya fundamentos jurídicos" para estos procesamientos. El líder político fue subsecretario de Gobierno en la dictadura.

Abogados querellantes comentaron, en contraste, que se abre el camino para nuevos procesamientos por eventuales responsabilidades políticas.