Se trata de los sindicalistas Ferrazza y Romero

Condenan a dos dirigentes por el incendio en la Facultad de Derecho

Un fallo de la Justicia de Faltas los obliga a pagar una multa de unos mil pesos

La Justicia de Faltas provincial condenó a pagar una multa cercana a los mil pesos a los secretarios generales del Sindicato de Empleados Municipales de Rosario, Néstor Ferrazza, y del Sindicato de Luz y Fuerza, Juan Alfredo Romero. En el fallo, el juez Osvaldo Alzugaray considera a los dirigentes "instigadores y partícipes necesarios" en la utilización no autorizada de bombas de estruendo en la vía pública durante la marcha multisectorial que se realizó en la plaza San Martín el 1º de julio de 2003 y que terminó con el incendio de gran parte del edificio del viejo Palacio de Tribunales (Córdoba y Moreno). Si no pagan, el magistrado convertirá el monto de la pena en arresto.

Mientras tanto, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Ricardo Silberstein, apuntó una vez más a la responsabilidad civil de los gremios que compraron y arrojaron el material prohibido y en ese sentido aseguró que "esta es una decisión muy significativa".

En el fallo, firmado el 24 de agosto del año pasado, Alzugaray también condenó a pagar una multa del mismo monto a otros 10 gremialistas por ser quienes tiraron las bombas de estruendo durante la manifestación.

A ellos, el magistrado los responsabilizó de violar el artículo 103 del Código de Faltas de la provincia, que prohíbe hacer fuego en la vía pública, causar explosiones peligrosas o utilizar fuegos de artificio sin autorización.

En todos los casos, la multa estipulada es de tres jus (unidad de medida de la Justicia de Faltas), que equivale a unos mil pesos. Pero si no concretan el pago, el monto se convertirá en su equivalente en días de arresto. Algunos abogados estiman que se trataría de diez días de prisión.

Los condenados ya apelaron la decisión del juez y ahora esperan la respuesta de la segunda instancia de la Justicia provincial.

Lo cierto es que con este fallo por primera vez los máximos responsables de los gremios aparecen condenados, ya que en la causa que se lleva adelante en la Justicia federal ni siquiera están procesados.

En ese sentido, el decano de la facultad aseguró que "esta decisión confirma que en realidad el problema del incendio no sólo pasa por las responsabilidades individuales de quienes arrojaron las bombas de estruendo, sino también por la de los dirigentes de estos sindicatos que autorizaron la compra del material".

Los otros miembros de los gremios que fueron condenados por la Justicia de Faltas son Oscar Gorosito, Héctor Fernando Mansilla, Juan José Caserio y Jorge Daniel Martínez, además de Darío Carbone, Rubén Alberto Bocco, Angel Núñez, Carlos Recoaro, Horacio Reynoso y Julio Marcos.

Los últimos seis, a diferencia de Ferrazza y Romero, ya habían sido procesados en los tribunales provinciales por el juez Carlos Carbone. Luego fueron considerados como presuntos autores materiales del incendio en la órbita federal, por el juez Omar Digerónimo.


"Se ha hecho justicia"
El decano de Derecho festejó el fallo desde el principio y aseguró que con la decisión del juez Alzugaray "se ha hecho justicia". Es que de alguna manera el fallo es una respuesta a los reiterados pedidos a los diferentes magistrados para que se avance en las investigaciones.

En junio de 2004, a casi un mes de que se cumpliera el primer año del incendio, las autoridades de la Universidad, facultad y alumnos se movilizaron frente a los Tribunales Federales. Es que en ese momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación había determinado que las investigaciones quedaran en la órbita de la Justicia federal. El acto, donde se convocó a más de mil personas, se realizó en Oroño al 900 y desde allí se exigió el avance de las investigaciones.

El decano de la facultad reconoció que "todavía queda mucho por avanzar". Consideró que "la multa aplicada a los dirigentes del sindicato de municipales y de la Empresa Provincial de la Energía no es significativa", pero resaltó "la importancia de la decisión del juez". Porque para Silberstein, esta resolución "deja al descubierto la responsabilidad civil de las entidades gremiales que el 1º de julio estaban participando de la movilización".

Los secretarios generales podrían ir presos.