El cura Grassi no puede esquivar el juicio por abuso deshonesto

Abogados de los denunciantes exigen que se fije una fecha para el debate

El sacerdote Julio César Grassi, procesado por presunto abuso deshonesto y corrupción de menores a los que debía proteger, recibió un nuevo revés judicial que le cerró las puertas a los recursos que puedan suspender el ya demorado juicio oral y público en su contra, indicaron ayer fuentes judiciales.

A raíz de ello, defensores letrados de las víctimas exigieron ayer en los tribunales de Morón que ya mismo se fije una audiencia preliminar para que se inicie el proceso que permita llevar los hechos a debate oral. Y advirtieron que si esa cita no tiene lugar en los próximos 60 días, el Estado será responsable de la falta de Justicia que estarían sufriendo los menores denunciantes, añadieron los voceros.

La complicada causa que salpica a Grassi por presunto abuso deshonesto y corrupción de menores a los que debía proteger comenzó en octubre del 2002 y debía llegar a juicio oral en diciembre del 2003, pero en aquel momento la defensa del sacerdote advirtió que temía un "linchamiento judicial" en su contra, acusó a los tribunales de Morón de parcialidad y reclamó un "juicio por jurados".

Diferentes estrados judiciales fueron rechazando ese planteo: primero fue el Tribunal Oral 4 de Morón, que tendrá a su cargo el debate; luego el Tribunal de Casación Penal bonaerense, y ahora le llegó el turno a la Suprema Corte de Justicia provincial.

Aunque recién ayer se conoció la notificación, la resolución de la Suprema Corte fue tomada el 29 de diciembre último por unanimidad en donde se rechazó por inadmisible un recurso extraordinario federal que exigía la defensa.

Los jueces hicieron hincapié en el "sentido discriminatorio en contra de la Justicia, y efectuada desde una plataforma meramente especulativa" que esgrimió Grassi y advirtieron que "el planteo genérico de recusación a la totalidad de los magistrados técnicos que hipotéticamente pudieran intervenir resulta inadmisible", indicaron los voceros judiciales.

Ahora, la defensa de Grassi podría recurrir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el abogado Juan Pablo Gallego, que representa a los menores denunciantes, advirtió que esa posible apelación no tiene "efectos suspensivos y no interrumpe los plazos que se abren a partir de ahora" para llegar a juicio oral.

Por eso, en un escrito Gallego solicitó ayer a los tribunales de Morón la inmediata celebración del juicio oral, para que se inicie el proceso dentro de los próximos 60 días.


Responsabilidad del Estado
Según explicó, "vencido ese plazo podría originarse responsabilidad internacional del Estado, habida cuenta la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos que receptan las garantías de los niños y las víctimas en general".

"Máxime en un proceso como el que nos ocupa en que la defensa de Grassi ha vulnerado sistemáticamente las garantías de los menores e impedido que el proceso pudiera avanzar hasta su culminación natural, a partir de múltiples articulaciones y recursos manifiestamente improcedentes, con el único objeto de impedir la realización del juicio oral", dijo el abogado.

El 23 de octubre del 2002, el programa Telenoche Investiga (TI) difundió un informe en el que un menor, identificado con el nombre de fantasía de "Gabriel" para resguardar su integridad, afirmaba que había sido abusado por el cura cuando él asistía a la Fundación Felices los Niños. Otro testimonio, el de "Ezequiel", también reforzó las sospechas sobre Grassi.

Buscado por la policía, Grassi se entregó al día siguiente acusado de supuesto abuso deshonesto y corrupción de menores y, el 21 de noviembre de ese año, la jueza Mónica López Osornio dispuso su procesamiento pero le otorgó una libertad vigilada.

Mientras, Grassi se ha negado sistemáticamente a hacerse pericias y rechaza las acusaciones en su contra. Una decena de testigos claves contra el sacerdote denunciaron haber recibido amenazas e intimidaciones.(DyN)

La causa comenzó en octubre de 2002.