Media sanción a la prohibición de venta de tabaco en oficinas públicas

Santa Fe. - La Cámara de Diputados votó favorablemente el proyecto de ley por el cual prohíbe la venta en toda la provincia de cigarrillos y tabaco en los ámbitos de la administración pública, procurando así reforzar la actual legislación que pena esa adicción en las áreas del Estado. La ley 18.555, sancionada hace algo más de una década en la provincia, en contadas dependencias públicas tiene vigencia, e incluso en la propia Legislatura provincial no tiene efectividad, y lo mismo ocurre en oficinas de la Municipalidad capitalina, a pesar de existir una norma que lo prohíbe.

La idea, que en el próximo período ordinario deberá ser aprobada por el Senado para convertirse en ley, puede llegar a correr la misma suerte que su antecesora si no existe decisión política en los poderes públicos para hacer efectiva su vigencia plena. El proyecto del justicialista Jorge Cura fue aprobado con los dictámenes favorables de las comisiones de Salud, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, y luego votada por todos los sectores políticos en el recinto.

En los fundamentos se señala que se puede observar en distintos lugares de la administración pública y muchos de los espacios destinados a la prevención y reparación de la salud, la presencia de numerosos quioscos y pequeñas provedurías de expendio de cigarrillos y de otros productores derivados del tabaco, lo cual constituye un elemento que contribuye a violar la norma.

El legislador recordó que cuando fue sancionada la ley 18.555, la misma fue criticada por no contener medidas punitorias para quienes la transgreden, dejándolas libradas a las directores de las distintas áreas administrativas o técnicas, aunque ahora se señala que esta nueva medida también tiene carácter parcial, ya que sólo avanza sobre los lugares de expendio y no sobre los que deben aplicar la ley en torno a los niveles públicos.

En cuanto a las sanciones para los vendedores de tabaco, se fijan penas graduales que van desde la suspensión hasta la clausura, el cierre definitivo de esos lugares de expendio o la cancelación de las concesiones, según las transgresiones. Lo cierto es que en la práctica la ley provincial, que prohíbe fumar en las oficinas públicas de los tres poderes del Estado -no sólo a los agentes sino también a los concurrentes a las mismas- no se cumple, y así se cuentan por centenares los empleados que se convierten en fumadores pasivos al tener que soportar por horas a los adictos al cigarrillo.