Diciembre trágico. Se cierra la causa por las responsabilidades políticas

Domínguez y Alvarez terminaron sobreseídos por la Justicia provincial

La resolución que beneficióa los ex funcionarios santafesinos fue criticadapor los denunciantes

Javier Felcaro / La Capital

Lorenzo Domínguez y Enrique Alvarez, los máximos responsables de la seguridad del último gobierno de Carlos Reutemann, fueron sobreseídos ayer por la Justicia provincial en la causa que investigaba las responsabilidades políticas de las siete muertes registradas en Santa Fe el 19 y 20 de diciembre de 2001, enmarcadas en la espiral de violencia que tiñó de rojo la caída del ex presidente Fernando de la Rúa.

La jueza correccional Nº1 de la capital provincial, Alicia Doldán, sobreseyó a Domínguez (ex ministro de Gobierno) y a Alvarez (ex subsecretario de Seguridad Pública) al interpretar que "no cometieron ningún acto ilícito como para investigar algún tema", basándose en el Código Procesal.

El cierre del expediente en el que se investigaba la responsabilidad penal de Alvarez y Domínguez (respecto de las órdenes dadas y el plan operativo) implica que ya no existen causas en la Justicia santafesina con imputados de alta jerarquía.

Doldán fue criticada por la Comisión Investigadora No Gubernamental de los hechos registrados durante el diciembre trágico, que viene denunciando que los muertos por la represión policial son responsabilidad del actual senador nacional y de quienes integraron su equipo de colaboradores en la Casa Gris.

Al tiempo que la decisión de la magistrada comenzaba a difundirse extraoficialmente, los integrantes de la comisión y los familiares de las víctimas presentaban nuevas pruebas ante Doldán y la Procuraduría General de la provincia, a cargo de Jorge Bof, para que "no se concrete la impunidad".

Es que ya estaban al tanto del dictamen que el fiscal Ricardo Favaretto le había remitido días atrás a la jueza, quien terminó avalándolo con los sobreseimientos a Alvarez y Domínguez.


Mañana difícil
Llamativamente, los miembros de la comisión y los familiares fueron retirados por la policía de los Tribunales, donde iban a realizar una conferencia de prensa, por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Entre otros se encontraban la esposa de Rubén Pereyra y Celeste, la hermana de Claudio Pocho Lepratti, el militante social asesinado en el barrio Las Flores, cuyo padre (Orlando) murió la semana pasada tras los actos recordatorios realizados en Rosario.

Finalmente, la conferencia de prensa se desarrolló en la vereda. Pero, cuando intentaron ingresar al edificio, sólo pudieron hacerlo acompañados por una decena de uniformados. Poco después se oficializó que Doldán había dictado los sobreseimientos.

Entonces la comisión fustigó el dictamen de Favaretto. "Parece un escrito de la defensa. Además, hay contradicciones entre lo que dice Domínguez con lo que sostienen en los jefes policiales", graficó Lilian Echegoy, quien destacó: "Las únicas argumentaciones para pedir el sobreseimiento son las declaraciones de los imputados. No existe otra medida investigativa".

También se detuvieron en otra curiosidad: el dictamen de cinco carillas elaborado por Favaretto (calificado de "aberración") presenta 67 faltas de ortografía y errores de concordancia y de sintaxis, "utilizándose palabras como «consensa» y dando cuenta de falta de seriedad del órgano acusador".

Luego objetaron que Doldán haya indagado a Domínguez y a Alvarez sólo por "omisión funcional". Y que tanto la comisión como los familiares de las víctimas no tuvieran acceso a copias del expediente.

Además, recordaron que "hace más de un año el juez santafesino Roberto Reyes (investiga el tema de los pertrechos) les impide a los familiares constituirse en actores civiles en la causa en la que Alvarez y Domínguez gozan de falta de mérito".

Tras advertir que "se perpetraron divisiones y subdivisiones del expediente que impiden investigar los hechos en forma integral", aseguraron que el dictamen del fiscal también "pasa por alto las contradicciones de los ex jefes policiales José Storani (Santa Fe) y Jorge Pupulín (Rosario)".

Asimismo, hicieron hincapié en que Favaretto "interviene como fiscal desde mediados de 2003 y que, sin embargo, fue designado como tal recién el 15 de marzo de 2004 por decreto del gobernador Jorge Obeid".


Más quejas
Antonio Tesolini aprovechó para reprochar que tampoco se tuvieron en cuenta los dichos de Osvaldo Turco, ex delegado de Gobierno en Rosario. "En esos días de convulsión social buscó negociar una salida pacífica en distintos barrios pero, en un momento determinado, Domínguez le ordenó no salir más a la calle. El lo declaró públicamente y ante la comisión", rememoró.

Tesolini tildó de "vergonzosa" la actitud de Favaretto y fustigó a Doldán porque, a su entender, "resolvió más rápido el fondo de la causa que si nos daba o no una copia del expediente".

Por su parte, el abogado Antonio Ciaurro, patrocinante de Alvarez, reveló que el ex funcionario fue sobreseido en otra causa que lo investigaba por la compra de balas a un supermercado.

A Domínguez le tocó pilotear la cartera de Gobierno durante diciembre de 2001.