El gobierno negó que Cavallo sea asesor del país por la deuda

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, negó categóricamente que el ex ministro de Economía Domingo Cavallo asesore a la Argentina en materia de la deuda o que haya realizado gestiones de buenos oficios a favor de Argentina en España.

"Es una construcción antojadiza de alguien a quien se le ocurrió analizar esto así", aseguró el funcionario e insistió en indicar que de la presunta asesoría de Cavallo al gobierno de Néstor Kirchner "no hay absolutamente nada".

Fernández puntualizó que al ex ministro de Economía, quien regresó a Buenos Aires para pasar las fiestas con su familia, "ni lo hemos visto, ni lo hemos consultado".


Sin relación
"No tenemos ninguna relación con Cavallo", reiteró el jefe de Gabinete, quien, personalmente, dijo no tener noticias del ex titular del Palacio de Haciendo "desde hace no menos de cuatro años, más de lo que sale en los diarios". El lunes pasado, fue el propio ex polémico funcionario el encargado de desmentir la especie.

"Yo no tengo ningún tipo de función. Estoy en una actividad absolutamente académica en los Estados Unidos. No estoy involucrado en ninguna actividad que tenga que ver con la política y la economía de la Argentina", aseguró Cavallo.

El economista aseguró no tener "absolutamente ninguna" conexión con el gobierno, excepto, aclaró, "los lazos de amistad con mucha de la gente que está" en la administración de Kirchner.


El turno de Bello
En otro orden, la Cámara Federal porteña confirmó ayer la resolución judicial mediante la cual fue ampliado el procesamiento de Claudia Bello, que fue secretaria de la Función Pública en el gobierno del ex presidente Carlos Menem y podría ser juzgada por un Tribunal Oral por posible fraude al Estado.

Bello, en realidad, se encuentra a un paso del juicio oral y público, ya que el fiscal federal Carlos Stornelli ya requirió, meses atrás, la elevación del expediente por los contratos que la ex funcionaria adjudicó para la difusión de la campaña Y2K, destinada a alertar sobre el posible colapso de los sistemas informáticos con la llegada del año 2000.

Las contrataciones, por 9 millones de dólares, se produjeron por adjudicación directa y, al ser indagada por la jueza federal María Servini de Cubría, Bello explicó que en realidad no dispuso de tiempo material para convocar a una licitación pública.