Asociaciones de usuarios resisten los aumentos de la energía

La suba de las tarifas de electricidad por parte de la Empresa Provincial de la Energía y que dispone aumentos de entre el 0,5% para residencias particulares, 10% para comercios y 12% para industrias, levantaron voces de disconformidad entre los usuarios.

Los integrantes de la Asamblea por los Derechos Sociales (ADS) plantean que "no se convocó a ninguna audiencia pública", como según la entidad se debería haber hecho, lo que motivó que reclamen una audiencia y "rechazan el aumento fundamentalmente para los usuarios residenciales".

La ADS reclama además a la EPE un resarcimiento a los usuarios que sufran cortes de luz, de 3 pesos por hora transcurrida, además del descuento del costo del servicio prestado en ese tiempo.

Por otra parte, esgrimen la posibilidad de que la empresa subsidie a quienes no puedan pagar la luz hasta en un 100% y que se "constituya el caso social de la luz, como existe en las facturas del agua".

Por otra parte, piden más transparencia en los números que se manejan. Por ejemplo, quieren saber cuántos son los clientes que reciben flujo eléctrico ya que, sostienen, "seguramente son más de los 865 mil registrados".

"Con esta medida se reducirán notablemente los 80 millones de pesos de pérdida anual por robo o hurto de energía", especifican.

Entre los reclamos se destaca la implementación de una "tarifa social" para ciudadanos que no puedan sostener el servicio y que no debería pasar los 11 pesos por bimestre, más los impuestos.

En cuanto a la compra de energía por parte de la EPE a mayoristas, la asociación de usuarios plantea un "contrato a cinco años a obtener el major precio con los generadores como Sorrento, Central Puerto, Chocón-Cerro Colorado y Alicura", entre otros, ya que esto daría previsibilidad y estabilidad de la demanda, lo que permitiría "obtener un buen precio, distinto que al comprara a la distribuidora Camessa".


Puntos centrales del reclamo
Como síntesis del documento elaborado por la ADS, sostienen que "no hay que esperar la privatización, tiene el Estado que actuar inmediatamente, por que la reducción tarifaria, el subsidio social y la eficiencia es practicable", enfatizan en los reclamos.

Por su parte, el diputado provincial Raúl Lamberto (PSP) se manifestó en contra del aumento de las tarifas eléctricas. "La energía en la provincia de Santa Fe es una de las más caras del país y éstas modificaciones tarifarias las debería haber absorbido la EPE, de ninguna manera se tendrían que haber trasladado a usuarios", dijo Lamberto.

El primer ajuste que hizo la empresa empezó a regir el 1º de septiembre de este año y el incremento para los usuarios residenciales llegó a casi el 8%, para las empresas medianas "significó casi el 27%" sostuvo el legislador.

Lamberto sostiene que "la intención del gobierno es privatizar la empresa. La EPE tiene alrededor de 3.000 empleados, esto es menos que la media necesaria para este tipo de empresas que estaría rondando los 3.300 empleados, de esta manera la empresa se ahorra unos 15 millones de pesos por año sólo en personal. Sin embargo en los últimos años se ha incrementado notablemente el número del personal de la EPE.