Masacre en Ramallo. Tras la decisión de investigar a los jefes tácticos que actuaron en la trágica toma de rehenes

Balance de un juicio que sólo llevó a prisión a siete ejecutores de órdenes

El cuestionado juez Carlos Villafuerte Ruzo deberá analizar el comportamiento de las cúpulas policialesque nunca fueron juzgadas y que la madrugada del 17 de septiembre de 1999 estaban bajo su mando

María Laura Cicerchia / La Capital

La decisión del tribunal que el martes pasado condenó a siete policías bonaerenses por la Masacre de Villa de Ramallo de juzgar ahora a sus jefes abre una nueva etapa en la historia del caso. Pero a la vez, cierra el círculo que comenzó a describirse el primer día de este juicio, cuando defensas y querellas dijeron lo único en lo que estuvieron de acuerdo: que en el banquillo no estaban sentados los principales responsables del fracaso del operativo, en el que murieron dos empleados bancarios y un asaltante bajo una cantidad infinita de disparos policiales.

La paradoja es que la nueva pesquisa estará a cargo del mismo magistrado que dirigió ese procedimiento, un hombre que hasta hoy no encontró conducta digna de reproche en los comisarios de alto rango que actuaron en la toma de rehenes con trágico final. Se trata de Carlos Villafuerte Ruzo, el cuestionado juez Federal que viene instruyendo los sumarios por lo ocurrido durante el copamiento del Banco Nación de Villa Ramallo, ocurrido entre el 16 y el 17 de septiembre de 1999.

Le han criticado hasta el cansancio que no se corriera de la causa a pesar de haber sido uno de sus protagonistas -presidió el comité de crisis instalado junto al banco desde poco después de iniciado el hecho hasta su desenlace-. Pero sus superiores lo avalaron. Y ahora deberá ponerse al frente del tramo más ansiado por las víctimas y los policías de bajo rango ya juzgados. Deberá imputar a los mismos jefes tácticos que actuaron a sus órdenes en la sala de negociaciones montada al lado del banco y que en los juicios ya realizados sólo fueron presentados como testigos.

La sucursal Villa Ramallo del Banco Nación fue tomada por tres delincuentes que intentaron hacerse con el tesoro. Fueron descubiertos, tomaron rehenes, negociaron durante 20 horas, decidieron escapar en auto a las 4 de la madrugada del 17 de septiembre y entonces se precipitó el final menos esperado: el gerente Carlos Chaves, el contador Carlos Santillán y el asaltante rosarino Javier Hernández murieron alcanzados por una aluvión de disparos. La esposa del gerente, Flora Lacave, resultó herida. Otro maleante, Martín Saldaña, apareció ahorcado horas después en la comisaría. El ladrón sobreviviente, Sebastián Martínez, fue condenado a 24 años de cárcel en un primer juicio que se desarrolló en 2002, donde también sentenciaron a otros seis miembros de la banda.

El segundo juicio concluyó el martes pasado, con condenas para siete policías. El proceso centró su atención en la balacera policial al vehículo. El Tribunal Federal Nº 1 juzgó a los policías que abrieron fuego al auto y dieron en el blanco. Pero desde la primera jornada sobrevoló en las audiencias una misma premisa: que los ahora juzgados son los "perejiles" que, a costa de la tan vapuleada "obediencia debida", pagaron el pato mientras los altos jefes seguían el juicio por televisión.

"Tres grupos especiales intervinieron y el procedimiento terminó mal. Algún jefe policial debe tener responsabilidad en ello, pero ninguno está imputado", planteó en la primera jornada el nicoleño Jorge Lima, defensor de Oscar Parodi, sentenciado a 20 años de cárcel por dar muerte al gerente del banco. "Este caso tuvo un trasfondo político. El hecho se armó para la policía", coincidió el querellante de la esposa del gerente, Eduardo Maffía.

La idea de que el golpe fue montado por la propia policía duhaldista para limpiar su imagen ante la proximidad de elecciones fue esbozada del primer al último día: "Los jefes vinieron para la foto y huyeron como ratas", apuntaló ese planteo el condenado Oscar Parodi.


Uno por uno
Ahora el tribunal compuesto por Laura Cosidoy, Otmar Paulucci y Santiago Harte parece haber atendido a ese criterio: le ordenó al juez de primera instancia que investigue a los altos mandos. ¿Quiénes son los comisarios sospechados? ¿Qué dijeron en las audiencias? Básicamente, ninguno asumió responsabilidades en lo ocurrido:

* El ex jefe táctico del Grupo Halcón, Gerardo Ascacíbar, dio la orden de tirar a las gomas del auto. Se cuestionó que lo hiciera ante un blanco móvil, sin saber si iban rehenes, en un sitio oscuro y sin medir una posible reacción en cadena. Con él quedaron en la mira sus subordinados Sergio y Carlos Andrada.

* El jefe del disuelto Grupo de Operaciones Especiales (GEO) de la Bonaerense, Miguel Fontana. Sus hombres también tiraron.

* El responsable del Comando de Patrullas de San Nicolás, Oscar Martínez. Lo investigan por no cumplir con su misión de obstruir las vías de escape.

* Los jefes del grupo táctico de la Federal (Geof) Claudio Pereyra y Oscar Ruiz. Se presume que ocultaron información sobre la actividad de su grupo.

Quien deberá supervisarlos, Villafuerte Ruzo, fue quien entonces no permitió que los grupos tácticos realizaran un ingreso sorpresa al banco porque no le daban "el ciento por ciento" de garantías de que los rehenes resultarían ilesos.

Los uniformados le reprocharon esa intervención. "No hubo un comando unificado. Hasta ese momento el código policial imponía que el juez dirigía la situación. Pero un juez no está capacitado técnicamente", criticó Pereyra.

Pero también lo cuestionaron desde otro frente: el judicial. El defensor oficial Mario Belfer le recriminó en su alegato que no se corriera de la investigación: "La principal objeción que le hago al juez es que debía ocuparse de lo jurídico. Y le digo: zapatero a tus zapatos", rezongó.

Hoy el juez de Instrucción tiene en sus manos un nuevo proceso, nacido al calor del debate oral que terminó la semana pasada. El segundo juicio por la masacre de Ramallo, el de los subordinados, gestó así el embrión de lo que podría desembocar en el ciclo más esperado: el enjuiciamiento de los responsables del operativo.

Paulucci, Cosidoy y Harte, integrantes del tribunal que el miércoles dará a conocer los fundamentos del fallo.