Privatizadas: el gobierno recusó al titular del Ciadi

Es el tribunal arbitral que trata los juicios contra Argentina. Para el procurador del Tesoro, "falta transparencia"

El procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, denunció al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por su "falta de transparencia" y por aceptar "demandas insólitas" en los pleitos que el gobierno nacional mantiene con empresas privatizadas. El funcionario confirmó, además, que recusó al presidente del tribunal arbitral en los casos que entablaron contra el Estado argentino las empresas Azurix y Siemens.

"Se nos está amenazando con dejar a la Argentina fuera del mundo, cuando en realidad los argentinos vamos a quedar fuera del mundo si pagamos estas demandas insólitas", advirtió Guglielmino en una mesa redonda en la Facultad de Derecho de la UBA, al referirse a los juicios que varias empresas iniciaron contra el Estado en el Ciadi luego de la salida de la convertibilidad y la pesificación de la economía.

El funcionario criticó además la falta de transparencia del tribunal al aludir a la cláusula de confidencialidad del Ciadi, que, según dijo, "no se sabe qué bien tutela" y que "sólo sirve para ocultar irregularidades".

"El Ciadi no es más que la imposición de reglas de un poderoso sobre un débil", sostuvo y apuntó a que sus normativas "carecen por completo de precisión, lo cual hace que los jueces tengan una discrecionalidad absoluta y que definan según su particular criterio" en conceptos como expropiación, indemnización justa y equitativa.

Como ejemplo, añadió que "no se sabe cuáles son los estándares de expropiación, uno de los temas que mayor presencia tiene en las demandas". Al respecto, Guglielmino propuso "conformar un foro de procuradores de América latina para denunciar y promover cambios tendientes a revertir la falta de transparencia" en el organismo.


Recusación
Durante su disertación, el procurador del Tesoro adelantó que ya presentó la recusación del presidente del tribunal arbitral en las demandas contra el Estado argentino promovidas por las empresas Azurix y Siemens, el español Andrés Rigo Sureda.

Según explicó, Rigo Sureda propuso a uno de los abogados que defienden a Azurix y Siemens como titular de otro tribunal que laudará en un conflicto que involucra al estado de Perú, cuyo demandante es representado por el estudio jurídico internacional que integra el juez.

Otra irregularidad que se le adjudica a Rigo Sureda "es la negativa a proveer de prueba documental clave para la defensa de la Argentina, tal como las actas de reuniones de directorio Azurix que demostrarían que las inversiones en la provincia de Buenos Aires no fueron aprobadas debidamente y que sólo respondían a una maniobra de algunos ejecutivos de la firma destinada a mejorar la posición de los títulos de la misma en la Bolsa de Nueva York".

Antes, "el mismo Rigo Sureda le negó al Estado argentino la prueba documental con la cual se podía demostrar que la Argentina no fue la responsable de la mala inversión realizada por Azurix".