| domingo, 21 de noviembre de 2004 | El peligro de tener razón Carlos Duclos / La Capital Ciertamente que ningún ser humano revestido de virtudes o accionando para alcanzarlas desea que se cumpla en el seno de la sociedad en que desarrolla su existencia aquello que decía Francisco de Quevedo y Villegas: "Donde hay poca justicia es un peligro tener razón".
Mabel Cabrera, contadora, y Agueda Orsario, abogada, eran empleadas municipales y hace ocho años decidieron presentarse en el concurso abierto para cubrir el cargo de vocales titulares del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad, órgano de contralor de las finanzas municipales. Por sus antecedentes profesionales y académicos ganaron el concurso en el que actuaron como jurados incluso representantes de instituciones no gubernamentales. Como es de rigor y práctica (y como está contemplado en la normativa legal) solicitaron licencia sin goce de sueldo como empleadas mientras desempeñaran el cargo en el Tribunal de Cuentas para las que fueron designadas por el Concejo. Durante todos estos años cumplieron su labor y elaboraron dictámenes alertando, en varios casos, sobre irregularidades en el manejo de los fondos de la Municipalidad; tanto es así que algunos dictámenes de este organismo, integrado por tres vocales, son material probatorio en algunas denuncias penales contra funcionarios de la gestión de Binner.
Lo cierto es que el mandato de los vocales de este tribunal ha expirado y el 22 de octubre pasado, ¡casualmente!, el Departamento Ejecutivo dejó cesantes como empleadas municipales a Cabrera y Orsario. Pero como por mandato del Concejo y hasta tanto se designe a los nuevos funcionarios, siguen en funciones en el Tribunal de Cuentas, el Departamento Ejecutivo hace unos días las ha recusado, es decir les ha pedido que se aparten de entender en todas las causas que se tramiten en ese tribunal. Algo asombroso, en realidad, si se tiene en cuenta que a los jueces se los recusa en una causa específica y con fundamento cierto, pero no se los recusa en todas. Un dato para tener en cuenta es que por estos días el Tribunal de Cuentas investiga el accionar del Servicio Público de la Vivienda y otro dato de interés, para vincular con todo esta situación, es que a partir de un plausible proyecto del concejal José Elmir, que ha sido aprobado, el Tribunal de Cuentas tendrá ahora más facultades. Por ejemplo, la de formalizar denuncias por sí ante la Justicia en los casos en que considere que hay posibles dolos en el accionar de los funcionarios.
Claro que esta historia no termina aquí. La contadora Mabel Cabrera y la abogada Agueda Orsaria se han presentado nuevamente en el concurso al que ha llamado el Concejo para cubrir los cargos de vocales del tribunal y ha ocurrido un suceso que no deja de extrañar: fueron impugnadas por otros aspirantes quienes esgrimieron, entre otras causales, la cesantía producida el 22 de octubre. Lo que llama la atención es que la comunicación de cesantía estas mujeres la recibieron el día 25 de octubre y al día siguiente, es decir el día 26, los impugnantes ya habían presentado los escritos acompañando el decreto por el cual se las echaba olímpicamente de la Municipalidad con sus fundamentos. Con suspicacia un concejal se preguntó: ¿Cómo hicieron para conseguir tan rápidamente estas disposiciones? ¿acaso alguien de la Municipalidad las hizo circular?
Pero la historia sigue. Con asombro las dos mujeres observan que en el escrito de recusación que envió el Departamento Ejecutivo, y posterior a las impugnaciones, se esgrimen idénticos fundamentos y se utilizan las mismas palabras que usaron los impugnantes (aspirantes a los cargos) para sus fundamentos. Así lo afirman en un escrito estas dos profesionales cuando dicen que el titular del Departamento Ejecutivo "presenta un escrito al que pretende darle la apariencia de una recusación y en la que copia y transcribe textualmente partes del escrito de impugnación". ¿¡Qué casualidad no!?
Todo esto no le hace nada bien al intendente Lifschitz a quien lo están haciendo equivocar con actitudes que opacan los emprendimientos y obras que están a la vista. Actitudes que son de lamentar y que a veces pasan inadvertidas, pero que cuando estallan suelen generar escándalos que deshacen en un momento lo que costó trabajo construir. Lo trágico para la ciudad sería que los dictámenes del Tribunal de Cuentas tuvieran razón, lo dramático que sus titulares fueran considerados peligrosos. Ojalá que no. enviar nota por e-mail | | |