Colapso carcelario

El gobierno pide prórroga para descomprimir tres comisarías

Ayer venció el plazo judicial para desalojar los penales de la 12ª, la 19ª y la 20ª

El gobierno provincial solicitó más tiempo para reducir la población de tres atestados penales de comisarías rosarinas. Ayer venció el término que le había otorgado al Ejecutivo el juez Luis María Caterina para terminar con el hacinamiento en las seccionales 12ª, 19ª y 20ª. En esta última, 20 presos se encuentran en huelga de hambre desde hace tres días. Pero en lugar de disponer traslados, argumentando que no tiene lugares, la administración provincial pidió que el plazo se postergue hasta dentro de dos meses -y que sea extensible por otros 30 días- hasta que se finalicen obras de ampliación en la cárcel de Coronda.

La orden de imponer un límite a esas tres desbordadas seccionales rosarinas no es nueva. Caterina lo había dispuesto ya en 2002, al resolver tres recursos de hábeas corpus. En aquella oportunidad dispuso que se restringiera el número de reclusos, lo que se cumplió sólo al principio.

En el caso de la seccional 20ª, que tiene capacidad para 3 personas pero aloja a 20, desde el juzgado hicieron un control periódico del número de detenidos. Con el paso del tiempo, comprobaron que el tope se respetaba al momento del control pero la población se incrementaba notoriamente los días posteriores. Esa maniobra quedó acreditada en un informe oficial de la Defensoría del Pueblo.

Así, al calor de otro recurso de hábeas corpus presentado en septiembre por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) en favor de todos los detenidos en comisarías, la primera semana de octubre Caterina le recordó al gobierno que aquellas resoluciones estaban vigentes y debían cumplirse. La exigencia fue que en la seccional 19ª quedaran sólo 15 presos de los más de 40 que aloja; que se redujera a 3 detenidos la población de la seccional 20ª y que no quedaran más de 9 internos en la comisaría 12ª.

Desde ese momento se previó la posibilidad de que el gobierno no acatara esa petición. Es que la misma policía anticipó entonces que no estaba en condiciones de cumplir la orden de Caterina, por falta de espacios. A esto se suma que, en los últimos 5 años, todos los mandatos judiciales para frenar el hacinamiento fueron desobedecidos.

Ayer, con el término ya vencido, se conoció la respuesta del Ejecutivo: pidió dos o tres meses más para resolver la situación de las seccionales. A través de un escrito que hizo llegar la Fiscalía de Estado al despacho de Caterina, solicitó esa prórroga hasta tanto estén finalizadas obras de ampliación en la cárcel de Coronda. El lunes, o a más tarde el martes, Caterina resolverá si acepta, rechaza o impone condiciones al pedido oficial.

Uno de los penales donde se debe ceñir la cantidad de detenidos se encuentra hoy bajo protesta: 20 reclusos de la seccional 20ª, de Empalme Graneros, iniciaron el martes una huelga de hambre para conseguir la aceleración de sus causas. Están hacinados en una celda de dos metros por cuatro que incluye un baño, una ducha y un lugar para comer.

En Coronda, una celda de similares dimensiones es usada por una o dos personas. No obstante, el director del Servicio Penitenciario, Fernando Rosúa, aclaró el jueves que tanto esa cárcel como la de Las Flores "están superpobladas". Planteó que las pocas plazas vacantes están en pabellones de mediana seguridad, a los que "no puede ir cualquier preso". Lo hizo en respuesta a los informes de los directores de esas cárceles, que le habían informado a la Justicia la existencia de lugares ociosos.

Anoche los 20 presos de la seccional 20 mantenían una huelga de hambre.