Los derechos de la niñez

Miguel Zamarini (*)

La Convención Universal de los Derechos Humanos toma cuerpo de niño mediante la denominada Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989, ratificada por ley nacional 23.849 en 1990 e incorporada a la Constitución nacional en su última reforma. Este instrumento legal, de aplicarse correctamente, podría permitir un cambio fundamental en las políticas públicas que afectan a niñas, niños y adolescentes.

El incesante aumento de la pobreza, que impacta especialmente en las niñas y niños, es el resultado de varias décadas de una política de concentración económica, fundamentalmente en los últimos diez años.

La Argentina pese a su rol de país productor de alimentos y nivel de recursos tiene un índice de mortalidad infantil en crecimiento. A inicios del 2003, se estimaba que morían anualmente por causas vinculadas a la desnutrición alrededor de 18 mil niños menores de 5 años, estadística que señala la muerte de 49 chicos por día. No basta con que los derechos estén plasmados en una Convención, porque esa es la realidad, a pesar de la Convención aprobada.

En nuestro país hay 12 millones 500 mil menores de 18 años y aproximadamente 8 millones 6 mil de niños y niñas viven bajo la línea de pobreza. Además, 7 de cada 10 no cubren sus necesidades básicas y más de la mitad de los chicos que se encuentran debajo de la línea de la pobreza son indigentes. Según Unicef, en los últimos diez años, en las regiones más habitadas del país, la pobreza creció el 128 por ciento. Por día 1.572 niños y jóvenes menores de 17 años caen en la pobreza. El último Censo Nacional arroja que un millón de niños con edades comprendidas entre 5 y 19 años no accede a los sistemas de educación formal.

Concomitantemente con esos indicadores, el gasto público consolidado dirigido a la niñez, en pesos constantes y según el informe del propio Ministerio de Economía de la Nación -presentado junto a Unicef, días atrás- registró una caída del 29,5% en la variación interanual de 2001 y 2002, y del 8% en relación con le Producto Bruto Interno (PBI).

A quince años de aprobada la convención y a diez de que la Argentina asumiera el compromiso ante la ONU de sancionar leyes respetuosas de los Derechos del Niño con nuevos procedimientos -tanto administrativos como judiciales-, el marco legal sigue siendo la llamada "ley de patronato", sancionada en el año 1919. Una ley que responde a la doctrina de la situación irregular y que coloca a la infancia como objeto pasivo de intervención del Estado, con una institución perversa, como lo es la disposición tutelar que, como su nombre lo indica, dispone del niño como un objeto.

La Cámara de Diputados de la Nación ha dado tratamiento al proyecto del ley de protección de los derechos de la niñez, impulsado por la diputada Hilda González de Duhalde. Dicho proyecto obtuvo dictamen de mayoría, a pesar de la preocupación manifestada por distintas organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez -Comité Argentino de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño (Cascdn), Unicef, el Consejo de Niños de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- quienes advierten que el proyecto en cuestión no es otra cosa que el viejo patronato, cuyo abanico de causas y respuestas no son más que situaciones coactivas del Estado para tutelar y controlar un importante sector de la infancia que quedará encuadrado en estas situaciones, reforzando el patronato que se dice desterrar. Bajo la nueva consigna de protección especial, se volverá a judicializar, se volverá a institucionalizar violando los derechos que dice proteger.

En nuestra ciudad la problemática de los niños en situación de calle se alza como un emergente de la situación social y económica que vive el país. Esta situación se observa en la expropiación del derecho del niño a criarse en una familia. En algunos casos, el niño que está en la calle ha quebrado los lazos con su familia y con su comunidad; en otros, la calle aparece como un "lugar posible" para obtener un recurso económico, como un lugar de encuentro con sus pares, o sea, como una estrategia de subsistencia familiar.

La eliminación del trabajo infantil no pasa por poner énfasis en la existencia de adultos explotadores sino por ocuparnos de las familias para que los niños no caigan en las consecuencias del ajuste económico; pasa por fortalecer los lazos familiares, por la inclusión de los niños y niñas de nuestra ciudad en una comunidad "segura", pasa por los clubes de barrio, por las escuelas, etcétera.

Para hacer frente a esta problemática, la Municipalidad impulsa desde la Secretaría de Promoción Social programas con el fin de atender y prevenir esta situación tomando en cuenta sus diferentes dimensiones constitutivas, como lo recomienda la doctrina de Protección Integral que consagra la Convención de los Derechos del Niño.

Estas acciones se llevan a cabo a través del Proyecto de Promoción Familiar, el Programa de Capacitación Técnica y Aprendizaje Laboral, el Programa de Familias Sustitutas, el Programa Crecer, el Programa Joven de Inclusión Socioeducativa y los Proyectos de Deporte Comunitario.

Pero los programas locales no alcanzan si no se articula en forma integral la problemática. Una vez más, la discusión se centra en un modelo de país y no alcanza con que Rosario tenga el menor de los dígitos de mortalidad infantil del país para el que tanto hay que trabajar, porque a pesar de todo ello siguen niños transitando por las calles. Necesitamos un Estado argentino que se comprometa a hacer efectivo los derechos de sus ciudadanos.

(*) Presidente del Bloque Socialista del Concejo Municipal