Argentina avala un protocolo contra torturas en las cárceles

La Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en ratificar el Protocolo de la Convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que establece un monitoreo sorpresivo realizado por expertos nacionales e internacionales sobre la situación de los presos en cárceles y comisarías.

La ratificación del acuerdo, firmada esta semana por el presidente Néstor Kirchner, fue una de las cartas de presentación realizada por la delegación argentina, que elevó su informe periódico ante el Comité para la Prevención de la Tortura de la ONU, en la ciudad de Ginebra, Suiza.

La exposición argentina estuvo a cargo del jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarollo, también presidente de la delegación argentina, que estuvo compuesta además por el secretario bonaerense del área, Remo Carlotto, y el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo.

"Somos el primer país latinoamericano que ratifica el protocolo. La novedad es que por primera vez en la historia no sólo se faculta a las Naciones Unidas mediante un subcomité contra la tortura, sino que establece un sistema internacional y nacional de monitoreo de cárceles, comisarías y alcaidías", para verificar denuncias de presos por maltrato, explicó Mattarollo desde Ginebra.

El funcionario destacó que hasta ahora el sistema de verificación en las dependencias donde se alojan detenidos se realizaba exclusivamente por un comité internacional.


No es un remedio
De todos modos, reconoció que la firma del protocolo "no va a ser un remedio o un milagro, pero sí un elemento importante para romper con esta situación de desbarajuste de romper el aislamiento del mundo carcelario y garantizar la seguridad".

"Hay que romper con el aislamiento y la militarización del Servicio Penitenciario, que debe convertirse en un servicio y no en una fuerza", añadió el funcionario.

A lo largo de una hora de exposición ante 10 expertos internacionales, Mattarollo explicó la posición del país en cuanto a hechos de tortura. Hoy deberá hacer frente a una serie de requisitorias sobre el funcionamiento del sistema carcelario argentino.

Según indicó, los representantes del comité elogiaron al país por los esfuerzos y fue bien recibida la información sobre las condenas a reclusión y prisión perpetua a tres policías federales y penas de cárcel para otros seis por el crimen de Ezequiel Demonty, el joven de 19 años que murió al ser obligado a tirarse al Riachuelo en septiembre de 2002.

"Fue considerado un quiebre en este tipo de actos", dijo Mattarollo, quien señaló que otro de los datos que interesó fue "el curso que toman los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y la recuperación de niños", hijos de desaparecidos apropiados durante el régimen militar.

Consultado sobre el duro informe presentado por la asociación defensora de derechos humanos Amnistía Internacional ante el Comité, dando cuenta de casos de tortura y maltratos en dependencias policiales de distintas provincias, como Neuquén, Mendoza y Santa Cruz, Mattarollo señaló desconocer el contenido de la denuncia, ya que fue expuesta en una sesión privada. (DyN)