Creen que habría 30 cuerpos en la fosa clandestina de San Lorenzo

Así lo presumen allegados a los trabajos que se hacen en el cementerio. El nuevo juez inspeccionó el lugar

Marcelo Abram / La Capital

San Lorenzo.- Mientras continúan las excavaciones en el ala noreste del cementerio de esta ciudad en torno a la ya confirmada fosa común clandestina de la última dictadura militar, se pudo saber que en los próximos días habría importantes novedades sobre nuevos hallazgos.

El dato, que circula en fuentes extraoficiales, se conoció en momentos en que el nuevo juez de la causa, Carlos Vera Barros, realizó ayer una inspección en el lugar donde trabajan los antropólogos locales y recorrió la zona que se mantiene cerrada bajo custodia de la Gendarmería Nacional.

El magistrado, que ahora está a cargo del Juzgado Federal Penal Nº4 y reemplaza a Omar Digerónimo, que pasó a desempeñarse en el Tribunal Oral Federal Criminal Nº2, conversó con los profesionales acerca de las características de los hallazgos y la posibilidad de que los restos humanos hallados hasta hoy correspondan a mucho más que ocho personas. Asimismo recibió un pormenorizado detalle de la labor realizada y una proyección en base a los nuevos indicios que se siguen recogiendo.

Vera Barros también habría analizado con los antropólogos la teoría de que el área a excavar podría llegar a ser mucho más amplia que el espacio en el cual se efectúan actualmente las tareas.

Según se pudo saber, el número de personas enterradas allí durante los primeros tiempos del proceso militar podría elevarse a treinta y se estudia la factibilidad de remover el suelo por debajo de la construcción que originariamente estaba destinada a un horno incinerador, que nunca funcionó porque jamás se colocó la instalación necesaria de gas y que se usa como oficina para los antropólogos.

El magistrado explicó que su presencia "es una medida procesal para tomar conocimiento de lo que está ordenado en la causa sobre la apertura de una zona del cementerio y verificar el estado de las excavaciones y documentarme sobre la tónica de los trabajos que se llevan adelante".


Tarea muy lenta
"Es una tarea muy delicada y lenta, porque la labor científica, rigurosa, va más despacio que las expectativas", explicó, al tiempo que señaló que "todavía no hay imputados porque resta identificar los cuerpos, el motivo de la muerte y, finalmente, saber quién es el autor de esa presunta ejecución clandestina".

Además, aclaró que "los trabajos de los especialistas, a pesar de ser un tema escabroso, son satisfactorios por el avance que van registrando" y que se trata de una investigación separada de la causa sobre violación de los derechos humanos en San Lorenzo, que motivó la detención de tres personas, "si bien coinciden en el lugar de los hechos".

En tanto, otro hecho trascendente se produjo ayer cuando el gobernador Jorge Obeid firmó el decreto mediante el cual promulgó el proyecto de ley, impulsado por el senador Armando Traferri y aprobado por ambas cámaras de la Legislatura santafesina, por el cual se declara de interés provincial la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal Nº4, a cargo del juez Carlos Vera Barros, sobre la fosa común clandestina en el cementerio de San Lorenzo. Además, Obeid instruyó a la Secretaría de Estado de Derechos Humanos para que aporte los recursos materiales y humanos necesarios para esas tareas.

En su introducción, la ley promulgada señala textualmente: "Declárense de interés provincial los trabajos de excavación ordenados por la Justicia federal en el cementerio municipal de la ciudad de San Lorenzo para la localización de una posible fosa común con restos humanos de personas desaparecidas, víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura militar que gobernara el país entre los años 1976 y 1983".

Con el avance de los trabajos técnicos y a la luz de los últimos hallazgos, lo que en un comienzo se consideraba una hipótesis hoy es una realidad concreta ya que nadie tiene dudas de que lo que se investiga en la necrópolis es una fosa común clandestina.

Pero además la nueva norma apunta a la posible aparición de otros casos similares, por lo que sostiene: "Las disposiciones y alcances de la referida ley, también serán de aplicación para todos los casos de características similares que existieren en todo el territorio de la provincia de Santa Fe".

Por otro lado, el gobierno provincial se comprometió a colaborar con los juzgados federales intervinientes, los peritos actuantes, los testigos de las causas, los familiares y "con toda persona o entidad que contribuya o esté en condiciones de contribuir en el esclarecimiento de la causa de búsqueda de personas desaparecidas víctimas del terrorismo de Estado".

Más allá del apoyo conceptual, la ley va más allá al facultar el Poder Ejecutivo a "asignar a la Secretaría de Estado de Derechos Humanos los fondos necesarios para atender los gastos que demande la instrumentación de lo dispuesto en la ley, afectándose las partidas a Rentas Generales prevista en el presupuesto general de erogaciones y cálculo de recursos del año en curso".

La promulgación de la ley llegó en momentos en que el gobierno nacional mostró un interés particular por todo lo inherente a la investigación sobre el cementerio de San Lorenzo y la causa Feced, tal como quedó reflejado en el discurso del presidente Néstor Kirchner el pasado 25 de octubre en San Lorenzo y la visita del Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a esa necrópolis.

El juez Carlos Vera Barros se interiorizó de los avances en la investigación que se realiza en la necrópolis sanlorencina.