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 miércoles, 03 de noviembre de 2004  
Empresarios piden otra ley de riesgos laborales

Las siete asociaciones empresarias más influyentes del país volvieron a reclamar que el gobierno impulse una nueva ley de riesgos del trabajo, para frenar la aplicación de los fallos judiciales que restablecieron la responsabilidad civil patronal ante accidentes laborales y el pago en una sola cuota de las indemnizaciones por esos siniestros.

Según los empresarios, los fallos de la Corte Suprema "han impactado en la previsibilidad y asegurabilidad del sistema, alentando la industria del juicio donde ganan algunos abogados y peritos y pierden la producción y el trabajo". Tras un almuerzo que compartieron en la sede de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), los máximos representantes del nuevo Grupo de los Siete "coincidieron en la necesidad de preservar un régimen de seguro que garantice la protección de los trabajadores y prevención, así como la rehabilitación y reinserción laboral de los mismos en caso de accidentes".

Los ejecutivos que se dieron cita en el edificio de Paseo Colón reclamaron personalmente al presidente Néstor Kirchner "su intervención para que, con participación de trabajadores y entidades empresarias, se adopten las medidas que garanticen la continuidad y eficacia del régimen tanto para los trabajadores, la generación de empleo y la viabilidad de las empresas".

En el almuerzo de ayer estuvieron los presidentes de la CAC, Carlos de la Vega; la Unión Industrial Argentina (UIA), Alberto Alvarez Gaiani; la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Carlos Wagner; y de la Asociación de Bancos Privados de Capital Nacional (Adeba), Jorge Brito.

Además asistieron el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens; el vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; y el directivo de Confederaciones Rurales Argentinas, Ricardo Grether.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ya se reunió en las últimas semanas con las asociaciones empresarias, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), a fin de redactar un nuevo proyecto de ley consensuado con los distintos sectores.
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