Cuando el Congreso delegue facultades perderá buena parte de su función

Los poderes del Estado y sus vínculos, a tres siglos de Montesquieu

La clase política no puede superar el recelo y la exclusión mutua entre Ejecutivo y Legislativo

Damian Nabot

La acción conjunta de las facultades especiales incorporadas en los proyectos de presupuesto y de emergencia económica volverá a garantizarle al gobierno una reserva de poder sin igual que eclipsará el papel constitucional del Poder Legislativo, según consideran los opositores a esa medida.

La acumulación de facultades -la polémica que concentró la mayor parte del debate político del último mes- oculta un segundo factor que resulta determinante para el dominio del teatro político: en algunos sectores de la Cámara de Diputados dan por descontado que las proyecciones presupuestarias para el año próximo fueron sugestivamente conservadoras y estiman que, si se mantiene la tendencia fiscal de 2004, el gobierno acopiará un excedente que podría rondar los 10 mil millones de pesos.

La estrategia es definida vulgarmente como "hacer caja" y, en la combinación de poderes especiales más recursos sin asignación, permite la administración discrecional de una masa suculenta de fondos públicos.

La relación sin estridencias que caracterizó el vínculo entre el gobierno nacional y los poderes provinciales se explica considerablemente a partir del reparto de los remanentes presupuestarios. Así, poderes especiales y recursos fiscales prometen al gobierno un margen envidiable de acción política para el año próximo.

A lo largo de 2004, el Ejecutivo empleó las facultades extraordinarias sin caer en usos escandalosos. Pero el problema de la delegación de poderes excede largamente la discusión sobre la forma en que el gobierno los usó.

El interrogante de fondo que sobrevuela el debate se rozó tenuemente el miércoles pasado, en la reunión de comisión en la cual los diputados aprobaron el dictamen del proyecto de presupuesto. Allí, el diputado y economista de la CTA Claudio Lozano advirtió al oficialismo que, aunque resultara paradójico, al acumular poder el gobierno se debilitaba porque se acorralaba en la soledad de su fuerza y excluía al resto de los actores que integran el universo político.

Apenas separado por unos escritorios, el presidente de la bancada justicialista, José María Díaz Bancalari, respondió que "la calidad de vida" de la población era un valor superior a la institucionalidad.

Ninguno de los disertantes intentó una síntesis que superara las diferencias, aunque es muy posible que ambos compartieran una porción de la verdad.

La concepción de la división de los poderes estatales evolucionó desde su remoto origen liberal, formulada por Montesquieu en 1748. En el mundo actual su existencia es insuficiente para garantizar el equilibrio en las dimensiones y los desafíos que enfrenta el Estado contemporáneo. Pero también es verdad que la acumulación de poder en una sola cabeza del Estado prologó los mayores traspiés del proceso político argentino.

Sin aprender de sus errores, la clase política argentina exhibe gigantescas dificultades para construir un vínculo entre el Ejecutivo y el Congreso que supere el recelo, la competencia y la exclusión mutua. Por el contrario, la realidad muestra que los intereses que debe equilibrar el Estado argentino necesitan de la solidaridad de sus poderes públicos.

Y sin embargo, cuando el Congreso delegue nuevamente sus facultades volverá a asumirse como poco más que un monumento histórico, una fachada de arquitectura neoclásica de protagonismo famélico. (DYN)

Los superpoderes a Fernández darán al gobierno una "caja" de 10 mil millones.