Perazzo y Gálvez fueron a dar explicaciones por el colapso en comisarías

Declararon ante el juez que exige hacer cesar la ilegalidad de la superpoblación. Todavía no hay solución provisoria

A través de dos funcionarios, el Poder Ejecutivo tuvo que reseñar ayer en Tribunales las razones por las que se prolonga indefinidamente el ilegal hacinamiento de presos en comisarías de Rosario y por qué no se observan las exigencias judiciales para hacer cesar esa situación. Los que comparecieron fueron la jefa de policía provincial, Leyla Perazzo, y el saliente subsecretario de Justicia, Walter Gálvez. Ahora el juez que los citó, Carlos Triglia, hará saber los argumentos vertidos a otros magistrados que, como él, tienen recursos planteados para que se erradiquen las condiciones de superpoblación en la que viven los 1.280 internos que hay en dependencias de la Unidad Regional II.

Ante el juez, Perazzo explicó cómo es el circuito de órdenes dentro de la Jefatura de Rosario en relación al alojamiento de detenidos. Lo que el magistrado quería detectar es en qué punto se produce el incumplimiento de las órdenes judiciales que exigen que no se sobrepase un número determinado de personas en cada penal policial rosarino.

Gálvez tuvo que destacar de qué manera y con qué plazos el Poder Ejecutivo se dispone a resolver el problema. "Dada la forma dolorosa en la que viven los detenidos, la urgencia es para ayer", graficó Triglia.

"Ahora deberemos evaluar la respuesta de los funcionarios con otros magistrados que también tramitan recursos de hábeas corpus de detenidos", señaló el juez, quien actúa porque él mismo debe dictaminar ante un escrito que le exige interrumpir la situación inconstitucional en la que se hayan todos los presos en seccionales de la ciudad. Lo que solicitó el gobierno es entre 60 y 90 días para concretar ciertas soluciones transitorias.

La propuesta inicial de la provincia es, en el marco de la emergencia carcelaria, reacondicionar un galpón para trasladar unos 300 reclusos. Otra iniciativa es utilizar los penales de tres comisarías donde hoy se alojan menores para presos mayores. Los adolescentes, a su vez, serían transferidos a plazas ganadas mediante la ampliación del Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR).

En tanto, el ministro de Gobierno de Santa Fe, Roberto Rosúa, señaló que se examinan seis predios para refaccionar y albergar reclusos. "Todavía no optamos por ninguno. Uno de calle Ovidio Lagos al 7100 es uno de los tantos inmuebles que estamos revisando. Hay otro más en la calle Ayolas. En total llevamos revisados seis. Tenemos que optar por uno y necesitamos en el menor tiempo posible ponerlo en condiciones".

Rosúa destacó que los requisitos que debe cumplir el inmueble son básicamente de seguridad. "Que las paredes estén construidas de tal modo que no permitan una fácil demolición, que los techos sean seguros y no queden al alcance fácil de la mano de los detenidos. Debe tener cerramientos o posibilidad de hacerlos acorde con los requerimientos de seguridad, como la instalación de rejas para movimiento interno. También es preciso hacer una conexión a cloacas: si no tiene, hay que hacerlas, porque allí tendrán que vivir 300 personas. Hay que armar todo un dispositivo para que pueda funcionar".

La seccional 10.