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 sábado, 23 de octubre de 2004

Ramallo, el segundo juicio. Ratifican que una bala de Fal mató al gerente
Peritos balísticos denunciaron amenazas
Hicieron el informe que imputó a los policías ahora juzgados. "Es típico de estos casos", dijo uno de ellos

María Laura Cicerchia / La Capital

Cuatro peritos de Gendarmería Nacional denunciaron haber sufrido amenazas telefónicas en los días previos al inicio del segundo juicio por la llamada Masacre de Villa Ramallo, donde siete policías son juzgados en base a una pericia balística confeccionada por ellos. Las intimidaciones fueron reveladas ayer en la cuarta jornada del proceso oral que se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario, donde los expertos en balística se presentaron para defender su trabajo. La jueza Laura Cosidoy ordenó que se inicie una investigación por las amenazas en la fiscalía federal en turno.

Los peritos del gabinete científico de la Gendarmería Nacional se presentaron ayer a la mañana ante el tribunal que juzga las tres muertes que ocurrieron en Villa Ramallo la madrugada del 17 de septiembre de 1999, luego de que un grupo de asaltantes copara la sucursal del Banco Nación de esa ciudad. Al intentar huir en un auto junto a tres rehenes fueron atacados por cerca de 200 balazos policiales de distintas fuerzas. El gerente Carlos Chaves, el contador Carlos Santillán y el ladrón rosarino Javier Hernández murieron en la balacera que ahora se juzga.

El segundo comandante Marcelo Gustavo Romero fue el primero de los peritos en presentarse ayer ante los jueces para explicar los alcances de su trabajo. Pero antes de referirse a la pericia, dijo que el domingo 3 de octubre a la noche recibió cinco llamados en el contestador de su teléfono fijo que reproducían una serie de conversaciones que había tenido por celular con su señora. Otros mensajes similares, algunos con música, quedaron registrados en su teléfono portátil. "Son intimidaciones típicas en estos casos", señaló, en referencia a que se produjeron ante la proximidad del juicio que comenzó el martes.

Luego, el actual jefe del departamento criminalístico, comandante principal José Luis Manchini, dijo que él también recibió ese tipo de llamados. Los mensajes también llegaron al actual jefe de Balística, comandante principal Néstor Vicent (quien declaró el jueves) y al alférez Christian Miguel Calderón, que expuso ayer. Ninguno de ellos recibió una amenaza verbal directa, pero sí la reproducción de "llamados o situaciones personales". Ante esa situación, la jueza Cosidoy les pidió que resguarden las pruebas de esas llamadas y ordenó una investigación.

Al referirse a la pericia 18.505, los expertos refrendaron con vocabulario específico el estudio por el que siete de los ochos policías imputados se encuentran en el banquillo. Tres de ellos están presos porque se consideró que los proyectiles disparados por sus armas fueron letales o causaron una gravedad significativa. Otros cuatro están en libertad, acusados de tentativa de homicidio, por impactos contra el vehículo. El octavo está procesado por incumplimiento.

Respecto al crimen de Chaves, el segundo comandante Romero dijo que la bala que hirió al gerente en los pulmones salió de un Fal calibre 7.62 (atribuido al ex suboficial principal Oscar Parodi). Que el proyectil sufrió una deformación, por lo que fue necesario "modificar su estructura, sin alterar su superficie" para cotejarlo.

Los expertos reiteraron que la pericia no es terminante sino que marca una "compatibilidad" entre proyectiles y armas. Los peritos dieron cuenta de algunos puntos imprecisos: no se pudo señalar desde qué punto fijo dispararon los tiradores, sino el sector desde el cual provinieron los balazos. También dijeron que los calibres de las perforaciones en el auto se determinaron por comparación con las armas secuestradas. De otro modo, dijeron, hubiera sido muy difícil precisarlo porque "la variedad de calibres es infinita".

Ese punto fue el más sondeado por las defensas. Es que uno de los imputados denunció irregularidades en la entrega de las armas policiales para el peritaje. De eso, seguramente, se valdrán para atacar la fidelidad de la pericia. "La principal prueba no es contundente. Sus comprobaciones son orientativas. Y hay más armas disparadas de las que se peritaron", cuestionó el defensor de cuatro policías en libertad, Eduardo Luis Ocaris.

Por la tarde otros dos peritos defendieron los estudios que derivaron en la acusación a a siete policías por homicidio. Los especialistas que declararon en el segundo turno fueron el comisario inspector Héctor Marchi (de la bonaerense) y el comandante principal Miguel Angel Sánchez (de Huellas y Rastros de Gendarmería).

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Romero señaló que le dejaron cinco mensajes sugestivos.

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