El municipio investiga los honorarios de sus procuradores

Dos procuradores que gestionan el cobro de deudas de la tasa general de inmuebles (TGI) fueron apartados de sus cargos, bajo la sospecha de que exigían honorarios superiores a los permitidos. De acuerdo a las denuncias recabadas por organizaciones de defensa del consumidor, estos profesionales habrían facturado "hasta un 15 por ciento por encima de lo que fija la ordenanza municipal (que acota los honorarios al 5 por ciento sobre el monto de la deuda reclamada)", advirtió el titular de la Asociación Civil La Comuna, Carlos Comi.

Sin embargo, la subsecretaria de Economía del municipio, Teresa Berén, justificó el traslado de los profesionales Raúl Premoli y Gerardo Andreoli en "la omisión de la presentación de informes a sus directores, el incumplimiento en la presentación de expedientes judiciales, y el desconocimiento de instrucciones de trabajo", tal cual lo indica el decreto Nº2.810 firmado anteayer por el intendente Miguel Lifschitz.

"El resto (por la posible sobrefacturación de honorarios) es todo materia de investigación", explicó Berén y adelantó que esta tarea se "está realizando desde hace meses con todos los procuradores que trabajan con la Municipalidad", por lo cual no descartó que "si se verificaran incumplimientos" se podrían aplicar nuevas sanciones.

En este sentido, la funcionaria recordó que los honorarios de estos profesionales "no pueden superar el 5 por ciento del monto de la deuda si el reclamo se tramita vía judicial" y que éstos deben reducirse al 2,5 por ciento si se trata de una deuda extrajudicial.

Además, "a cada contribuyente le deben entregar un formulario donde conste la deuda que se reclama y los honorarios que se exigen", remarcó Berén.

A pesar de lo que indica la norma desde principios de año, en la organización de defensa del consumidor La Comuna se recibieron "cientos de denuncias" contra distintos procuradores del municipio. "Algunas tienen que ver con el tema de los honorarios, otras con la exigencias de deudas de más de cinco años que no se llevaron a la Justicia o cuyos juicios están caducos", advirtió Comi.

"El problema es que la Municipalidad no los controlaba y, además, tampoco informa a los contribuyentes sobre cuáles son sus derechos", señaló el titular de la Comuna.

En total, los dos procuradores trasladados manejaban unas 10 mil cuentas del municipio que, a partir de noviembre, pasarán a ser atendidas por la propia Municipalidad. Por eso, quienes hubieran recibido notificaciones de estos profesionales deberán presentarse en un mes en el edificio de la ex Aduana (avenida Belgrano y bajada Sargento Cabral).