En busca de una solución

Antes del remate muchas fueron las puertas que se debieron golpear en busca de una respuesta a la situación habitacional. La primera fue la del municipio, donde pidieron que se compraran las casas y fueran financiadas, pero el problema excedía la jurisdicción de la ciudad porque el monto que estaba en juego no podía salir de sus arcas.

Acompañados por Romagnoli, los vecinos trasladaron su preocupación al director provincial de Vivienda y Urbanismo, Juan José Morín, en busca de créditos que no prosperaron. Finalmente viajaron a Buenos Aires y se entrevistaron con el síndico, pero tampoco obtuvieron una solución.

Para el juez de la quiebra, las familias que corrían riesgo de quedar sin sus casas estaban todas en la misma situación, más allá de que algunas las habían usurpado y otras firmaron un boleto de compraventa y aportaron 4.283 pesos, el 10% del valor total.

"Nosotros entramos a vivir y nunca nadie nos vino a cobrar", se justificó Orozco, cuando el tema recién tomaba estado público, a principios de marzo de este año.

"La falta de certificación de firmas y sellado de los boletos impidió que sus tenedores pudieran presentarse ante la quiebra y plantear que eran compradores de buena fe", indicó Marcelo Bussi, representante legal de uno de los acreedores.

Los problemas de humedad y hundimientos de pisos que presentaban algunas casas fueron motivo para que no se pudieran vender en su totalidad, pero muchos las fueron mejorando lentamente. "Si no hubiera sido por ellos hoy el barrio sería un caos", aseguró Orozco tras recordar que a las últimas viviendas en ser ocupadas les habían robado hasta las bañeras.

"Además las instalaciones de agua, electricidad y gas no servían y las tuvimos que hacer de nuevo", insistió mientras aseguraba que hasta hubo que cambiarles íntegramente los techos".