A un año de la "guerra del gas" Bolivia sigue sin tener una política energética

El presidente Mesa cumplió ayer su primer aniversario, con la ley de hidrocarburos trabada en el Congreso

La Paz. - Centrado en el gas y su importancia para el desarrollo económico de Bolivia, el presidente Carlos Mesa arribó ayer al primer aniversario de su gobierno decidido a convertir al país en un importante proveedor energético, pero no pudo concretar aún su anhelo de que se apruebe la nueva ley de hidrocarburos, trabada en el Congreso.

Nacido de la llamada "guerra del gas", que forzó la renuncia del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en medio de manifestaciones, el gobierno de Mesa ha apuntalado la explotación de este recurso como una tabla de salvación para impulsar el crecimiento del país.

En una apuesta histórica, el jefe de Estado promovió la realización, en julio pasado, de un referéndum en el que consultó a la población en torno al gas, y obtuvo el respaldo necesario para delinear su política económica a partir de este recurso.

Miles de personas aprobaron la abrogación de la ley petrolera vigente, la recuperación de los hidrocarburos "en boca de pozo", la refundación de la estatal petrolera, la exportación del gas y la inversión de esos recursos en obras sociales, entre otros puntos.

Con este resultado -que fue un espaldarazo al gobierno- Mesa promovió una nueva ley petrolera, en lo que supuso el inicio de un proceso complicado que mantiene enfrentados al Ejecutivo y al Legislativo.

Convencido de la urgencia de contar con la norma petrolera, Mesa envió al Congreso su propuesta, esperando que ésta fuera aprobada sin mayores reparos. Pero la llamada "ley corta" fue frenada por los parlamentarios, en un hecho que desató un choque de poderes. El Ejecutivo accedió a remitir una nueva iniciativa, mientras el Parlamento se había adelantado en la confección de un proyecto propio.

En medio de las idas y venidas que protagonizaban ambos poderes empezaron a hacer carrera las posturas a favor de la nacionalización del gas, en detrimento de la proposición oficial de recuperar su propiedad en "boca de pozo". "La nacionalización se ha convertido en la bandera de una especie de recuperación de lo que sufrió la población, una reversión de los errores de los últimos 10 años, un ajuste de cuentas a quienes se considera que han robado al país", afirma el analista Alvaro García Linera, para quien este tema recoge "la emotividad de la población". Marchas, concentraciones públicas y pedidos a favor de la nacionalización recorren el país se han vuelto algo cotidiano.

El proyecto oficial prevé el paso obligatorio de los contratos vigentes al régimen de la nueva ley y crea un impuesto que eleva la tasa impositiva. Mientras, los diputados piden llevar a un 50% las regalías. Para el economista Humberto Vaca Flor, los congresistas "están actuando con un grado de irresponsabilidad que resulta de la convicción que tienen de que jamás volverán al Parlamento". "La elaboración de la ley se ha convertido en un concurso de demagogias y el país está a punto de enfrentar conflictos graves con las petroleras, pero además de no poder cumplir con los compromisos de exportación de gas, pues las empresas han dejado de invertir", advierte. Esto último podría afectar a Argentina que este año ha comenzado a importar gas boliviano para paliar su crisis energética.