Coparticipación. El gobierno nacional no la reglamentó. Algunas jurisdicciones piden plata fresca

Responsabilidad fiscal: sin adhesiones provinciales la ley sería letra muerta

El vacío legal podría desencadenar una colisión con el FMI en enero, cuando se renegocie el acuerdo

Las provincias reclaman al gobierno nacional más dinero, un tratamiento diferente en el caso de tener sus cuentas en orden, o cuando menos una reglamentación para adherir a la ley de responsabilidad fiscal sancionada por el Congreso en agosto, que impulsó el Ministerio de Economía en lugar de una nueva ley de coparticipación federal para calmar al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un relevamiento entre las 24 provincias refleja que hasta el momento han adherido a la norma Jujuy y Tucumán, mientras que Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe (ver aparte) esperan que la Nación reglamente la ley.

Rechazan la norma Neuquén y Catamarca y condicionan su aprobación, en general a un mayor envío de fondos de parte de la Nación o un tratamiento diferente para las que tienen superávit fiscal, Misiones, San Luis, Corrientes, San Juan, La Pampa y La Rioja.

Una posición indefinida manifestaron San Luis, Misiones, Córdoba y Río Negro las que, en algunos casos, esperan la toma de posición del resto de las jurisdicciones.

Hasta ahora sólo Jujuy y Tucumán adhirieron a la nueva norma que, entre otras cosas, les pone un tope al gasto y al endeudamiento provincial, por lo que difícilmente la ley pueda comenzar a regir a partir de 1º de enero del próximo año.

Esta falta de adhesión genera un problema para el gobierno nacional a la hora de negociar un nuevo acuerdo con el FMI, previsto para mediados de enero, ya que esta ley venía a suplir la falta de acuerdo sobre una nueva ley de coparticipación federal.


Los opositores más férreos
Entre los que se oponen abiertamente encuentra Neuquén, cuya subsecretaria de Hacienda, Susana Arévalo, explicó que el rechazo obedece a que "la ley no salió en las condiciones que se habían planteado desde las provincias".

Arévalo aseguró que "lo que falta discutir en el fondo es la nueva ley de coparticipación federal. Para la provincia es imprescindible esta ley", y aclaró que Neuquén tiene sus cuentas publicadas en Internet, por lo que "no se trata de ocultar nada" sino que "se deben buscar criterios federales donde se tengan en cuenta las demandas de las provincias".

Otra que rechazó la ley es Catamarca. El subsecretario de Finanzas provincial, Marcelo Guerra, opinó que con la ley de responsabilidad fiscal, "las provincias no van a tener previsibilidad" en el gasto público y añadió que primero tendría que haberse tratado la ley de coparticipación federal.

"Si no tenemos en claro sobre los recursos coparticipables no puede haber previsibilidad" y enumeró dos aspectos que afectarán a Catamarca: los límites que se ponen al endeudamiento y al gasto público.

Las que se mantienen expectantes son San Luis, Misiones, Córdoba y Río Negro. Funcionarios de la provincia que maneja José Manuel de la Sota dijeron que no hay una decisión tomada. "Ni por sí, ni por no. Eso se evaluará más adelante".

En tanto, desde Viedma el secretario de Hacienda rionegrino, José Luis Collinao, admitió que "estamos a la expectativa de la conducta que adoptarían otras provincias y el análisis del presupuesto nacional 2005 porque con este tema de los superpoderes podrían surgir algunas dudas sobre el cumplimiento de las metas de la responsabilidad fiscal".

Ocurre que el proyecto de presupuesto 2005 otorga potestades en su artículo 11 al jefe de Gabinete para que altere el destino de cualquier partida de gastos, o le da la posibilidad de asignar libremente mayores erogaciones a partir de que se superen los ingresos presupuestados cuando esas decisiones, según la ley de responsabilidad fiscal hacen pasibles de sanciones a los gobernadores.

De todos modos, el gobernador Miguel Saiz "expresó la voluntad de Río Negro en cuanto a adherir a la legislación nacional en la materia, aunque todavía no se remitió la iniciativa parlamentaria a la legislatura provincial".

En el caso de San Luis, el ministro de Capital (Economía), Alberto Pérez, opinó que la ley "es de corte netamente unitario" y que "todavía nosotros no hemos analizado la posibilidad de adherirnos".

En Misiones, los diputados del oficialista Frente Renovador, una unión entre peronistas y radicales, le pidieron la semana pasada a sus pares justicialistas el tratamiento de la ley.

El diputado Renovador, Néstor Ortega, insistió en que "si el PJ tiene algún proyecto alternativo lo tiene que presentar y lo discutiremos", dijo, para agregar que "de lo contrario debemos tratar inmediatamente el proyecto del Ejecutivo", que fue enviado a la legislatura el mes pasado.


Los que ponen condiciones
Entre los que adhieren con condiciones se anota La Pampa, cuyo secretario de Hacienda, Ariel Rauschenberger, destacó que la provincia "comparte el espíritu de la ley, si bien tiene objeciones en aspectos particulares de una provincia que ha tenido una conducta superavitaria" en términos fiscales.

Desde Corrientes, donde una alianza entre un sector del PJ y radicales maneja la provincia, el ministro de Hacienda, José Vaz Torres, adelantó que la posible adhesión "estará supeditada a las precisiones que se obtengan por parte de la Nación, en una reunión que mantendrán con el ministro Roberto Lavagna el próximo jueves".

Vaz Torres explicó que ese día conversarán sobre "los fondos que recibirán el año próximo la provincia, el financiamiento de la deuda y la situación de los tesoros provinciales".

En el mismo sentido, el gobernador de La Rioja, Angel Maza confirmó que la provincia "no tiene inconvenientes en apoyar, porque de hecho la aplica desde que adhirió al programa de financiamiento ordenado, pero es muy difícil aceptar límites al gasto cuando no se conocen los recursos con los que se contarán".

Maza explicó que el reclamo de La Rioja está referido a los fondos extracoparticipables que actualmente recibe la jurisdicción a través del presupuesto y que suman unos 189 millones de pesos anuales.

También el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, condicionó la adhesión: "Cuando tengamos todos los números en la mano y se vea de qué forma accedemos a un nuevo programa de financiamiento ordenado para el 2005 se resolverá".

El mandatario destacó que los legisladores nacionales sanjuaninos votaron a favor de la sanción de la ley "y obviamente San Juan va a adherir" cuando se conozca cómo repartirá los fondos el año próximo la Nación y de que forma refinanciará las deudas provinciales.