Alegato final del país en el juicio de privatizada

Se dirime en un tribunal de París. La empresa Azurix, de EEUU, demanda por u$s 600 millones a Buenos Aires

La Argentina presentará hoy su alegato final en el juicio que le sigue en París al gobierno bonaerense la empresa estadounidense Azurix, que reclama casi 600 millones de dólares por la rescisión del contrato a través del cual operaba el servicio de aguas y cloacas de la provincia.

El proceso se lleva adelante en el marco de la más estricta confidencialidad y fue iniciado ante el tribunal arbitral internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial.

De perder este caso, uno de los más importantes de una serie de juicios que acumulan reclamos de inversores contra Argentina por 1.600 millones de dólares, la provincia de Buenos Aires deberá desembolsar el equivalente al 10 por ciento de su presupuesto anual actual.

La representación argentina la lleva adelante la Procuración del Tesoro Nacional a cargo de Osvaldo Guglielmino, que reemplazó a Horacio Rosatti, actual ministro de Justicia y quien coordinó dos meses atrás el alegato argentino en el juicio que inició contra la Nación la compañía CMS, accionista minoritaria de la firma Transportadora Gas del Norte (TGN).

Según confirmaron fuentes oficiales, el caso Azurix también recayó en la órbita de la Procuración por los convenios mutuos de inversiones que invoca, pese a que la demanda se presentó contra el gobierno bonaerense.

Azurix Corporation era una subsidiaria del gigante económico petrolero y energético Enron, que quebró en medio de un escándalo contable en Estados Unidos y dejó a miles de empleados sin trabajo.

La compañía había ganado la concesión del agua en algunos distritos de la provincia a mediados de 1999 durante el gobierno de Eduardo Duhalde y había comprometido el pago de un canon de 438 millones de dólares.

Cinco años más tarde, luego de la rescisión del contrato por incumplimiento de las obras previstas, Azurix reclama un resarcimiento cercano a los 566 millones de dólares.

Rosatti llevó el caso al comienzo.