Interrogantes abiertos a 20 años del robo a los Tribunales

Desaparecidos: Historia de la ausencia de una pieza clave y de alcances indefinibles

Las pruebas sustraídas contenían información vital para las causas que se están investigando en Rosario

Javier Felcaro / La Capital

El robo de valiosa prueba de la represión ilegal durante la última dictadura militar, perpetrado hace 20 años en los Tribunales Provinciales y todavía impune, privó de una pieza clave y de alcances indefinibles a esa búsqueda de la verdad que actualmente tiene a Rosario como epicentro.

La madrugada del lunes 8 de octubre de 1984, el arduo trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que recopiló pruebas y documentos, se esfumó del despacho del entonces juez de Instrucción Ricardo Martínez Fermoselle, ubicado en el edificio de avenida Pellegrini y Balcarce, a manos de un grupo de tareas conformado por 6 ó 7 personas.

Adentro vigilaban sólo dos policías provinciales; afuera esperaba un camión. El raid, con modalidad de zona liberada, incluyó una parada previa en la vivienda de Dorrego 1638, donde se habían encontrado más elementos clave.

Las pruebas del aparato represivo rosarino se obtuvieron tras quince allanamientos realizados en septiembre del 84. ¿Qué se incautó? Cinco mil metros cúbicos de papelería, armas de fuego, explosivos, fotografías, direcciones, identificaciones y nombres. También informes actualizados sobre instituciones intermedias y dirigentes políticos, gremiales, empresariales y estudiantiles.

Cinco días antes del robo, los integrantes de la Conadep y Martínez Fermoselle debían comenzar el análisis de todo el material. Lo que ocurrió horas después terminó ratificando el peso de la documentación cosechada. Sólo se salvó la parte testimonial.


Nombres y algo más
"De ese material surgían identidades de parapoliciales y paramilitares, o personas vinculadas con las fuerzas de seguridad. Por entonces, prácticamente estaba todo el organigrama de la dictadura. Ni siquiera había comenzado el juicio a la Juntas Militares, que fue en 1985", le explicó a La Capital Manuel Blando, quien presidió la Conadep Santa Fe.

En total desaparecieron 150 expedientes incautados durante los allanamientos realizados en lo domicilios de Walter Pérez Blanco (Santiago al 1400), Eduardo Rebechi (Dorrego al 1800) y Teresa Cobe.

También una agenda con fotos y nombres rotulados en su parte posterior e informes con identidades de víctimas y de represores, algunos con sus apodos, como Walter Peirano (o Sergio Paz) y Ana Cristeler.

"Creo que lo que se llevaron eran justamente los documentos que daban cuenta de quiénes integraban la patota del Proceso", relató Blando, quien lamentó que la falta de esclarecimiento haya cumplido dos décadas, abonadas por connivencias institucionales.

Para la abogada Matilde Bruera, integrante del Equipo Jurídico de Derechos Humanos, se trata de "documentación importantísima, no solo por su valor sino por quiénes la poseían en ese momento".

La letrada enfatizó que el material sustraído "probaba la represión ilegal y, al mismo tiempo, constituía archivos de Inteligencia activa porque, cuando se incautó, esas personas estaban en movimiento".

El propio Martínez Fermoselle, quien había iniciado una investigación sobre los civiles vinculados con Inteligencia del Ejército, fue seguido por autos durante varios de los allanamientos, certificándose la existencia de un grupo en actividad. Y se comprobó que algunos procedimientos ya se conocían antes de su realización.

Pero hubo más paradojas: quien se encargó de llevar adelante la investigación fue el inspector mayor Alberto Pablo Gianola, uno de los policías señalados por integrar la patota de Feced.

La causa que engloba las pesquisas por el robo fue abierta el mismo día del hecho por el actual camarista Ernesto Navarro. Hoy se encuentra en el juzgado a cargo de Osvaldo Barbero, al filo de la prescriptibilidad.

Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia anunció que esta semana solicitará a la Justicia federal anexar el expediente del caso a la reactivada causa Feced, a cargo de Omar Digerónimo.

"Es como la punta de un iceberg muy importante que no se llegó a investigar. Era tanto el material incautado que ahora resulta imposible hacer una valoracion", sostuvo Bruera acerca del impacto que esos documentos ejercerían sobre los procesos en marcha.

Blando, a su vez, aprobó la idea de anexar al expediente Feced la información obrante en la causa por el robo, teniendo en cuenta el nuevo impulso que le dio la Justicia Federal de Rosario a las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos.

Un "grupo de tareas" arrasó el 8 de octubre de 1984 el despacho de Martínez Fermoselle.