La policía advierte que no tiene más opción que desobedecer la orden de desalojar presos

Un juez exige al gobierno reducir la población de tres penales policiales

Da un mes para descomprimir las seccionales 12ª, 19ª y 20ª. Un colega había constatado que esas órdenes se desoyen

María Laura Cicerchia / La Capital

Un juez sumó un nuevo dolor de cabeza al gobierno por la caótica situación carcelaria: le dio un plazo de 30 días para reducir la población de tres atestadas comisarías rosarinas a las que ya les había puesto coto en sucesivas órdenes que fueron desobedecidas. Las seccionales alcanzadas por la medida son la 12ª, la 19ª y la 20ª, las que en un mes deberán volver a respetar el número de presos que su capacidad permite alojar. En una de ellas, que según fuentes judiciales es controlada periódicamente desde el juzgado, se detectó una lógica curiosa: la cantidad de detenidos era la permitida el día de control, pero ascendía en forma abrupta los días subsiguientes.

La resolución del juez de Instrucción Nº 3, Luis María Caterina, corresponde a tres recursos de hábeas corpus que se tramitaban allí desde el año 2002. El magistrado había admitido esas peticiones limitando el número de personas ubicables en esas comisarías. Sin embargo, esas restricciones no fueron cumplidas. Ahora decidió recordarle al gobierno que están vigentes y les impuso uno plazo para acatarlas.

"Hasta el momento no hemos sido notificados de la medida. Igualmente, estamos en una situación de emergencia carcelaria que nos impide dar una respuesta inmediata. Lamentablemente, entraremos en desobediencia a la decisión judicial porque no tenemos forma de responder al problema, que no es solamente policial", planteó el jefe de Orden Público, Ricardo Daniel Ruiz, ante una consulta de este diario.

A la disposición que obliga a desalojar tres comisarías se sumó esta semana un enrarecido clima intramuros: en las seccionales 16ª y 24ª hubo intentos de fuga que terminaron con presos y policías lesionados; además de traslados que desbordaron otros penales policiales.

El responsable de todas comisarías de la Unidad Regional II dijo que de acatar la petición judicial recargaría inevitablemente otros penales: "No hay más lugar. La mayoría de los penales están excedidos. En este momento hay dos comisarías con cuatro días de inactividad por refacciones. Si tuviera que reubicar a presos de tres comisarías estaríamos hablando de un promedio de cien detenidos. Por más que tenga voluntad de reubicarlos, no entran. Me parece correcta la intención del juez, pero de todos modos estaríamos manejando la misma cantidad de presos en las mismas plazas. Seguiremos con excesos".

La intimación judicial de desalojo fue adoptada justo cuando otro magistrado se dispone a resolver un abarcativo hábeas corpus correctivo de la situación de todos los presos en comisarías de la Unidad Regional II, por las inhumanas condiciones de detención que ofrecen. Ese juez, Carlos Triglia, detectó días atrás que todos los mandatos judiciales dictados en los últimos 5 años para frenar el hacinamiento son desobedecidos.

En ese contexto, esta semana Caterina firmó una intimación que hasta ayer no había sido notificada oficialmente. El juez le concedió al Ejecutivo provincial un plazo de 30 días para reducir a 15 los presos alojados en la seccional 19ª. Según un informe judicial, hasta el martes pasado había 42 personas viviendo allí a pesar de que Caterina había impuesto un tope en junio de 2002.

La misma exigencia llegará a la comisaría 12ª, donde deberán quedar no más de 9 internos. En el penal de seccional 20ª, asimismo, se permitirán sólo 3 presos. Al martes pasado esa dependencia alojaba a 19 individuos.

Fuentes del juzgado aclararon que la decisión de Caterina es independiente de la investigación que está realizando Triglia para resolver el recurso de hábeas corpus que presentó a mediados del mes pasado la Coordinadora de Trabajo Carcelario. "Los controles era una cosa de todos los meses, pero se constató que rebajan el nivel de presos al momento del control y enseguida volvían a completar la dependencia. Los presos iban pasando de un lado a otro", dijo el vocero.

Esa oscilación aparece de un modo evidente en el control realizado en la seccional 20ª por el Centro de Atención a la Víctima de la Defensoría del Pueblo provincial, que durante todo el año pasado tomó tres días al azar para cotejar la variación de la población penal de todas las comisarías. En la 20ª, según ese informe, se respetaba el tope sobre los primeros días del mes pero se lo incrementaba notablemente una vez superado el control judicial. Eso ocurría a pesar de que Caterina le había fijado un límite en diciembre de 2002.

El intento de fuga de la 16º el jueves expuso el colapso.