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 viernes, 20 de agosto de 2004

Cooperativas de la región se anotan en la operatoria aprobada por el BCRA
Quieren armar una red de cajas de crédito
Federación de entidades que actúan en la Región Centro apuestan a jugar fuerte en la nueva modalidad financiera

Una federación de entidades cooperativas de larga trayectoria en negocios financieros en la Región Centro, se lanzó a jugar fuerte en la flamante operatoria de las cajas de crédito, recientemente reglamentada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se trata de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo Regional (Fecoopder), que agrupa a ocho entidades: De los Arroyos, Independencia, Carlos Pellegrini, de las Comunidades, Núcleo, San José, Bica y Sudecor Litoral, que a lo largo del siglo pasado primero fueron cajas de crédito, luego bancos cooperativos y finalmente desembocaron en los ex bancos Bisel, Sudecor-Litoral y Bica. Estas cooperativas actúan en el norte de provincia de Buenos Aires, Santa Fe y sur de Córdoba y apuntan a constituir, sumando otras voluntades, un "subsistema solidario" dentro del sistema financiero, para potenciar el desarrollo de la actividad a nivel regional.

Si bien esta federación tiene algunas reservas sobre la comunicación "A 4183" del Banco Central que reglamentó la actividad -y esperan que se corrija- ya se abocó a constituir lazos de ligazón entre las entidades del sector para armar un sistema integrado que permita sostener esta experiencia de la economía social.

Algunas de estas cooperativas vienen de participar en un intento por reflotar el Banco Bisel, actualmente administrado por el Banco Nación, pero luego decidieron refugiarse en las estructuras de las nuevas cajas de crédito. El paso previo al que lanzaron ahora lo dieron el año pasado, cuando se agruparon como federación.

Entre otros servicios, estas cooperativas vienen prestando desde hace muchos años clearing bancario para entidades financieras, transporte de documentación comercial y paquetería, correo postal, distribución mayorista de productos de telefonía, administración y comercialización de tarjetas de crédito, sistemas de pago y convenios para el pago de servicios.

La intención de la federación es la de armar una red financiera de cajas de crédito cooperativo que deberán constituirse y administrarse en cada pueblo y adecuar un paquete de prestaciones tecnológicas y de infraestructura que abastezca a todas y hagan sustentable al sistema en materia de costos, eficiencia y transparencia. La movida que impulsa la Federación apunta a integrarse con otras cooperativas y mutuales de 1º, 2º y tercer grado y desarrollar estructuras autogestionarias de cámaras compensadoras de letras y efectivo, y adecuados servicios de transporte, entre otras posibilidades.


Qué permite la nueva legislación
La nueva ley de cajas de créditos son la puerta de ingreso para que los sectores de la economía social accedan y administrar cuentas a la vista por primera vez en tres décadas.

u La reglamentación de la ley acotó las exigencias de capital inicial para empezar a operar como entidad financiera. Mientras que para un banco se exige un aporte de 15 millones de pesos, para las cajas de créditos se reducen de $ 100 mil a un millón, según el tamaño de la jurisdicción.

u Establece un sistema de microcréditos para una porción de la cartera, con recaudos para su otorgamiento, si bien limitando montos y plazos máximos.

u Incorpora a las cajas de créditos al régimen de garantía de los depósitos.

u Reduce la complejidad de los regímenes contables e informativos para reducir costos operativos a las cooperativas se segundo grado.

Los cooperativistas dan cuenta de una serie de puntos que pueden complicar la actividad y merecerían ser reformulados:

u El límite de 12 mil pesos por titular de cuenta para efectuar depósitos. También están limitadas las dimensiones, operatorias y posibilidades de crecimiento.

u La obligación de pagar en forma mensual las financiaciones, lo cual puede crear dificultades con los ciclos económicos agrícolas del interior del país.

u La limitación de operar con casa única y exclusivamente con sus asociados, que estén radicados en un departamento (provincial) determinado.

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