Sólo un fideicomiso evitaría el cierre de la entidad

La Justicia ratificó la quiebra de la Asociación Cristiana

Un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial avaló la decisión de la jueza Graciela Abraham

Jorge Salum / La Capital

La Justicia local confirmó la semana pasada la quiebra de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), cuya continuidad otra vez está en duda. Lo hizo a través de un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que ratificó la sentencia dictada por la jueza Graciela Abraham el 14 de junio. Ahora la única posibilidad de salvar a la entidad sería incluirla en la ley de fideicomiso, el mismo régimen legal que permitió a Racing Club de Avellaneda sobrevivir a la quiebra.

La decisión de la Cámara podría hacer expirar el permiso de explotación provisorio concedido por la jueza Abraham a la sindicatura para permitir que la entidad continuara funcionando. Ese permiso es del 1º de julio y tiene vigencia hasta el 31 de agosto. Sin embargo, la propia Abraham dejó en claro que podría caer antes de esa fecha en caso de que la Cámara confirmara la quiebra, como finalmente ocurrió.

Abraham había clausurado la ACJ el 24 de junio, ocho días después de dictar la quiebra. La medida desencadenó la reacción de toda la comunidad ligada a la entidad y también de otros sectores. El intendente de la ciudad, Miguel Lifschitz, se preocupó por su destino. También algunos legisladores provinciales y nacionales se interesaron por las alternativas judiciales del caso.


Cosa juzgada
Paralelamente, las últimas autoridades de la entidad apelaron la quiebra y forzaron la revisión del fallo en la Cámara. Ahora un tribunal compuesto por tres miembros avaló plenamente allí la decisión y la convirtió en cosa juzgada.

La institución entró en concurso de acreedores en 2001. Su deuda llega al millón de pesos, y el 90 por ciento de ese monto es reclamado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Su patrimonio, sin embargo, supera varias veces ese pasivo. La sede de Catamarca al 1200 está valuada en unos seis millones de pesos y también posee un predio en Oliveros. Pero nada de eso sirvió para evitar la quiebra.

Además, las irregularidades cometidas por sucesivas comisiones directivas también contribuyeron a que la crisis tocara fondo. La más grave es que ya no había balances ni libros contables, y el descontrol sobre el manejo de la tesorería era absoluto. Había 22 empleados que no estaban registrados ante el Ministerio de Trabajo y la sindicatura no encontró ningún registro detallado de socios.

De todo ello dio cuenta la sindicatura, que está a cargo de la contadora Marta Castellarín. Su abogado, Ricardo Ruiz, dijo en su momento a este diario que las irregularidades eran muchas y abarcaban a varios períodos.

Ahora sólo queda la alternativa de incluir a la ACJ en la ley de fideicomiso de entidades deportivas, sancionada hace cuatro años. Esto permitiría crear un fideicomiso para que administre la entidad con control judicial. Una medida semejante evitaría la liquidación de la asociación por un lapso de nueve años, aunque al cabo de los primeros tres la Justicia podría dejarlo sin efecto. Mientras tanto, podría seguir funcionando.

Quien debe decidir si crea o no este organismo es la propia jueza y en Rosario ya existe un antecedente: se trata del club Provincial, que también quebró y sin embargo sigue funcionando por la aplicación de este mecanismo. Su administración está en manos de un fideicomiso que se propuso sanear las deudas y sacar al club adelante sin cerrarlo. Caso contrario, ya hubiese sido liquidado.

La aplicación de la ley de fideicomiso de entidades deportivas es una alternativa que tanto la jueza Abraham como la sindicatura habrían estado analizando los últimos días, aunque la decisión aún no está tomada. Mientras tanto, la Asociación Cristiana de Jóvenes de la Argentina estaría dispuesta a arrojar un salvavidas a la entidad rosarina. Su presidente, Norberto Rodríguez, se lo anticipó a La Capital el 28 de julio. "Haremos lo que esté a nuestro alcance", aseguró.

La decisión podría hacer caducar el permiso provisorio con el que funciona la entidad.