Videla se amparó en las leyes de la impunidad

El ex dictador se negó a declarar ante el juez Urso por los asesinatos perpetrados en el marco del Plan Cóndor

El ex dictador Jorge Rafael Videla se negó ayer a declarar por los crímenes del represivo Plan Cóndor y se excusó de hacerlo alegando que existe "cosa juzgada, prescripción y las leyes de punto final y obediencia debida".

Así lo aseguró su abogado defensor Héctor Tavares al salir de la audiencia realizada en el Juzgado Federal a cargo de Jorge Urso para que Videla ampliara la declaración indagatoria en la causa en la que ya está procesado como jefe de una asociación ilícita.

Tavares, quien era el defensor oficial del ex dictador y tras su jubilación siguió asistiéndolo, aclaró que su cliente no tiene previsto solicitar la libertad por llevar seis años detenido, prerrogativa prevista por el Pacto de San José de Costa Rica.

Videla concurrió a la cita vistiendo traje gris claro y con una carpeta bajo el brazo. A pesar de sus 75 años, el ex represor se mostró en estado físico. Fue trasladado a Tribunales desde su departamento en el barrio porteño de Belgrano, donde cumple con arresto domiciliario a causa de su edad.

La negativa a hablar de quien mientras detentaba el poder dictatorial definió a los desaparecidos como "una entelequia, no están vivos ni muertos" guarda sintonía con el silencio que también mantuvieron los coimputados Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi.

En esta causa se investiga la desaparición forzosa de un centenar de ciudadanos de países vecinos, quienes estaban refugiados en el país y fueron secuestrados aquí para ser repatriados, en el marco del Plan Cóndor, de coordinación represiva entre las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Urso ya ordenó la detención por primera vez de los ministros del Interior y de Planificación de la dictadura militar, generales retirados Eduardo Albano Harguindeguy y Ramón Genaro Díaz Bessone, respectivamente, así como de más de treinta altos jefes de la dictadura.

Paradójicamente, Videla intenta ponerse a resguardo con las leyes de impunidad, anuladas el año pasado por el Congreso nacional y declaradas inválidas por la Cámara Federal, pero ahora a consideración de la Cámara de Casación Penal.