Imputan genocidio a ex presidente mexicano

El priísta Luis Echeverría fue acusado por un fiscal especial por una masacre perpetrada en 1971

Ciudad de México. - En un hecho sin precedentes en México, un juez decidirá en las próximas horas si ordena el arresto del ex presidente Luis Echeverría, acusado de "genocidio" por la sangrienta represión de una marcha estudiantil en 1971. La petición del fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto contra Echeverría y una decena de ex funcionarios y militares por la matanza configura un giro histórico en México y un golpe para el Partido de la Revolución Institucional (PRI) en el poder durante 71 años, hasta la llegada del actual gobierno de Vicente Fox en 2001.

Es la primera vez que un ex presidente de México, hasta ahora una categoría intocable, es acusado formalmente ante la Justicia por cargos penales y también la primera vez que se responsabiliza a funcionarios de alto nivel por la "guerra sucia". El juez deberá considerar antes de que venza un plazo de 24 horas si dicta los pedidos de detención solicitados por el fiscal o rechaza el inicio del proceso. Echeverría, que tiene 82 años, podría seguir el juicio y cumplir la eventual condena en su domicilio por ser mayor de 70 años.

La defensa de Echeverría considera improcedente el cargo de genocidio. Argumenta además que el delito prescribió a los 30 años y que no son válidos los convenios internacionales adoptados después por México porque la Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes. El fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Ignacio Carrillo Prieto afirma en su acusación que la represión del 10 de junio de 1971 configura el delito de "genocidio", y por lo tanto la acción penal no ha prescripto. "Es una consignación (acusación) sin motivo, no hay delito, no hay delito de genocidio, en México nunca ha habido un genocidio", dijo el abogado de Echeverría, Juan Velázquez. Agregó que el 10 de junio de 1971 hubo un "enfrentamiento", pero no genocidio y que ningún convenio puede estar por encima de la Constitución.

El fiscal Carrillo Prieto, en su primera declaración pública después de presentar el expediente, dijo que el genocidio sigue vigente en base a leyes nacionales y pactos internacionales firmados por México sobre delitos de lesa humanidad. Carrillo Prieto agregó que los responsables de la masacre de 1971 "concibieron, prepararon y ejecutaron" un plan para erradicar parcialmente a un grupo nacional, en este caso los estudiantes que reclamaban libertades políticas, mediante el uso ilegal de la fuerza pública.

En la matanza del 10 de junio de 1971, unas 30 personas murieron, según organismos de derechos humanos, cuando el grupo paramilitar Los Halcones, formado desde el gobierno, reprimió una marcha estudiantil. El episodio es conocido en México como "El Halconazo".

Tras más de dos años de investigación, el fiscal pidió el arresto de Echeverría y también de un número indeterminado de responsables gubernamentales en la época de los hechos. Entre ellos están el entonces secretario (ministro) de Gobernación, Mario Moya Palencia, y el procurador general, Julio Sánchez Vargas.


La "guerra sucia" del PRI
El fiscal presentó esos cargos dentro de sus trabajos para elucidar la "guerra sucia", desde la matanza de octubre de 1968, conocida como la masacre de Tlatelolco, hasta las desapariciones de opositores y militantes de izquierda en los años 70. Según fuentes que cita el diario La Reforma, bajo la presidencia de Echeverría se registró el máximo de desapariciones de opositores políticos. El mandatario gobernó entre 1970 y 1976 y según las estimaciones del llamado Comité Eureka, en ese período ocurrió el mayor número de desaparecidos de la guerra sucia mexicana.

La acusación ahonda el enfrentamiento entre el gobierno del presidente Vicente Fox y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México entre 1929 y 2001, hasta que fue vencido por el actual mandatario. "No aceptaremos ningún intento del Estado para aniquilar a los adversarios políticos", amenazó el PRI en un comunicado. El partido que gobernó dictatorialmente a México durante siete décadas ya ha preparado un equipo de abogados para apoyar la defensa de Echeverría. El organismo acusador, la Femossp, fue creada por decisión del presidente Vicente Fox a finales de 2001.

Antiguos estudiantes manifestaron ayer contra el ex presidente.