[Nota de tapa] Ricos, famosos e impunes

Un juez bajo la lupa de sus pares

Diego Barroetaveña, el magistrado que liberó a Carlos Carrascosa, es investigado por enriquecimiento ilícito

Norberto Casanello

Saber quiénes y por qué mataron a María Marta García Belsunce ya parece cosa del pasado. El sentido primario de la investigación quedó rezagado ante las embestidas de la defensa de los sospechosos para evitar que se compare su ADN con el de las manchas de sangre halladas en la casa. Y también en apartar del caso a los funcionarios judiciales cuyas resoluciones sean ingratas a sus oídos. Así, en primera instancia, consiguieron sacarse de encima al fiscal Diego Molina Pico y al camarista Fernando Maroto.

Pero ahora, también está bajo la lupa de la Justicia el juez Diego Barroetaveña, quien liberó a Carlos Carrascosa y abona las teorías de la defensa de sus familiares y amigos imputados por el fiscal.

El lunes 5 se presentaron dos escritos ante la Justicia de la provincia de Buenos Aires. Uno, en el Consejo de la Magistratura y otro en la Procuración bonaerense.

En ambos, se pide que "se investigue la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito en relación con la presunta adquisición de un inmueble por parte del Sr. Juez de Garantías de San Isidro, Diego Barroetaveña"

Según la denuncia, el magistrado habría adquirido "una importante propiedad en el country La Rotonda, ubicado en Antártida Argentina 1453 en la localidad de San Isidro". Y continúa diciendo que en esa parcela del country se realizaron "movimientos de suelo e ingentes gastos de construcción" que habrían sido pagados con cheques librados por un tal Barroetaveña.

Los pagos se habrían hecho a una constructora cuya nominación, siempre según la denuncia, sería Esterlik o Sterlik.

En la guardia del country La Rotonda, al preguntar por un propietario llamado Diego Barroetaveña, el vigilador contestó afirmativamente y describió a esa persona como "delgado, de unos cincuenta años, con poco pelo", una fisonomía similar a la del juez de Garantías Diego Barroetaveña.


CUESTIONAMIENTOS
Todo esto ocurre mientras crecen las sospechas de que los imputados en esta causa gozan de prerrogativas inéditas, como fue la obtención de una "prisión preventiva morigerada" aun bajo el cargo de homicidio agravado, penado con la máxima condena que impone el Código Penal.

Estas no son las únicas denuncias que recibió Barroetaveña en relación con el caso García Belsunce. El fiscal Diego Molina Pico lo acusó en octubre último ante la Suprema Corte bonaerense de "paralizar la investigación sin fundamentos", al achacarle haber suspendido los exámenes de ADN de los sospechosos y desvalorizar las pruebas que antes había considerado como válidas.

El camarista Fernando Maroto también lo denunció ante ese mismo tribunal por desacatar el fallo definitivo que puso fin a la libertad de Carlos Carrascosa.

Los cuestionamientos a Barroetaveña no son nuevos. En enero de 2001, actuando como juez de feria, dejó libres por formalidades procesales a 21 uniformados acusados de graves de delitos de corrupción policial.

Los policías habían sido denunciados por sus propios compañeros. Algunos lo habían hecho bajo identidad reservada para evitar represalias de elementos de esa fuerza de seguridad.

Después de la resolución de Barroetaveña los policías recibieron intimidaciones por parte de los acusados. "Tenemos las listas y sabemos quiénes son", decían. Uno de ellos debió abandonar el país, a otro lo quisieron atropellar con un auto e intentaron violar a la mujer de un tercero.

El juez argumentó que los legajos fiscales carecían de valor probatorio y declaró la nulidad de las declaraciones, contradiciendo lo actuado por la jueza natural de la causa, en ese momento de feria, Marcela De Langhe.


MALDITA POLICIA
Como en el caso Belsunce, Barroetaveña dijo defender los derechos de defensa de los policías imputados.

Lo curioso es que el juez no protegió la seguridad personal de los denunciantes. "Parecería que el fiscal diera por sentado que los integrantes de la fuerza de seguridad provincial adoptarían conductas vengativas contra quienes declararon cargosamente contra los acusados", escribió. La historia dijo lo contrario.

En el caso Belsunce también rondan las hipótesis de que los sospechosos podrían haber oficiado como lavadores del dinero sucio de la Policía Bonaerense, producto de extorsiones, robo de automotores y secuestros.

En la fiscalía llamó mucho la atención que el día del crimen de María Marta, Horacio García Belsunce, haya llamado siete veces al celular del entonces titular de la Brigada Antisecuestros, Angel Casafús. Una de estas comunicaciones se produjo a las 15.54 de aquel domingo, unas tres horas antes del homicidio. Y otra, fue a las 22.04, cuando Horacio le pidió que le "sacara a la policía de encima", mientras su hermana estaba siendo acondicionada para velarla en la misma casa donde la mataron. Esa noche, ningún patrullero llegó al country Carmel.

Carrascosa siempre negó las acusaciones.