Vivir en paz

Julio Villalonga (*)

El presidente Néstor Kirchner es un hombre reacio a dar el brazo a torcer. Difícilmente, en su dilatada carrera política, encontremos un gesto del ahora primer mandatario que parezca un paso atrás, mucho menos si alguien pretende sacarle una decisión bajo presión. La tozudez de Kirchner, encima, es la que lo ha llevado hasta el lugar donde está, en la cima del poder en la Argentina. Es lógico preguntarse por qué, entonces, tendríamos que reclamarle que piense que no estaría mal dejar de lado esa posición extrema, que a veces resulta difícil discernir si es fortaleza o capricho.

El presidente -lo hemos comentado en esta columna- cree que las circunstancias que lo instalaron en el poder lo obligan a doblar la apuesta de su histórica dureza. Sin embargo, la protesta social encarnada en los sectores piqueteros, sobre los que se enancan aquellas agrupaciones de izquierda sin ninguna vocación -ni representación- democrática, ha puesto contra la pared la política de seguridad del gobierno.

En las últimas semanas, las autoridades se han introducido, casi solas, en un verdadero meandro dialéctico por obra y gracia de uno de los grandes malentendidos que atraviesan a la política en la Argentina. Debido a que consideran que puede no ser del todo aconsejable, en términos políticos, la represión de los revoltosos porque estarían buscando victimizarse para ocupar el centro de la escena opositora, nuestros gobernantes optaron por regalarle la calle al salvajismo.

El secretario de Justicia y Seguridad Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Carlos López, reveló el mismo viernes que, junto el presidente de la Legislatura, le pidió al gobierno nacional que utilizara la fuerza policial. "Era un claro peligro (para la Legislatura). Me respondieron que la orden del día era impedir el ingreso de la gente, pero no reprimir", explicó el funcionario comunal. López apuntó con claridad a la Casa Rosada: "Creo que el gobierno nacional, en medio de un marco complejo, ha decidido seguir una política que comprendemos, pero no tenemos en común", porque "creemos que debemos ocuparnos de las garantías personales. Hay que dar respuesta a la violencia de grupos", remató.

El verbo reprimir alude a aquella acción de quien tiene el monopolio de la fuerza por la cual se intenta doblegar, por medios lícitos y proporcionados, a quienes desafían al poder público o amenazan la vida y los bienes de los ciudadanos. Es una acción reglada que si el instrumento a utilizar -esto es, la policía- la concreta en desarreglo a las normas, debe hacerse cargo de duras consecuencias legales. Por ejemplo, no está en las normas que la policía disperse a los manifestantes con balas de guerra, sino de goma.

Un Estado bien administrado en el terreno de la seguridad debería dictar medidas preventivas. Si esas medidas no fueran suficientes, además de probar que no se gestionó bien, le abrirán la puerta a otras más radicales: por ejemplo, a la represión. En la Argentina de la hipocresía nadie se alarma si hablamos de reprimir el delito -más bien se lo reclama-, pero la represión de una movilización política que se dedica a cometer todo tipo de delitos no garantiza la misma unanimidad.

Si el presidente cree que quienes le reclaman acción -y no mano dura- buscan debilitarlo, no está comprendiendo el deseo profundo de los sectores medios de la sociedad, que sólo quieren vivir en paz.

(*) Director periodístico de la revista Poder.