Distintos perfiles condicionan las políticas laborales

Los aumentos salariales aprietan más a provincias que a la Nación

La participación del gasto de personal es del 15% a nivel nacional y del 56% en los distritos del interior

Las cuentas públicas, tanto nacionales como provinciales, en los años siguientes a la salida de la convertibilidad, mostraron una sensible mejora. El comportamiento fiscal pos convertibilidad puede explicarse fundamentalmente por dos factores. Por el lado de las erogaciones, se evidencia una caída del gasto medido en términos reales, principalmente en los salarios públicos. Por el lado de los recursos, se observa un aumento en los ingresos tributarios, como consecuencia de la suba en el nivel de precios, en particular en los primeros meses del 2002, y por el crecimiento económico.

El superávit alcanzado genera una fuerte puja entre quienes buscan apropiarse del mismo, entre otros: los tenedores de títulos públicos, los demandantes de planes sociales, la necesidad del gobierno de atender la crisis energética, los empleados públicos que demandan aumentos salariales, etc. El aumento otorgado por el gobierno nacional de hasta $150 a todos los empleados que ganan menos de $1.000 ha provocado fuertes presiones sobre los gobiernos provinciales para que ajusten los salarios.

¿Cuál es el efecto que una flexibilización de los salarios del sector público, fundamentalmente en los niveles provinciales, tendría sobre las finanzas públicas? ¿Qué ocurriría en las cuentas fiscales provinciales si otorgaran un aumento salarial similar al del sector público nacional?

Desde principios de la década del 90, hasta el año 1998, se produjo un cambio estructural en el sector público nacional. Se privatizaron las empresas públicas y se descentralizó a las provincias de educación y salud, contribuyendo al proceso de achicamiento de su estructura.

La planta de personal del sector público nacional se redujo muy fuertemente entre los años 1989 y 1992, en 223.000 personas. Luego, entre este último año y 1998 se produjo una caída adicional de unas 163.000 personas. La descentralización de los servicios hizo que la evolución del empleo en los gobiernos provinciales siguiera una trayectoria contraria hasta 1998. En los dos años siguientes, la cantidad de personal continuó creciendo, pero, esta vez impulsada por la abundancia de recursos surgidos de los ingresos por privatizaciones.

La evolución de las remuneraciones promedio refleja la pérdida del poder de compra de los empleados pertenecientes a Nación y provincias. En el 2003 se produce una recomposición parcial de los salarios de los empleados nacionales con la devolución del recorte del 13% realizado durante el 2001, mientras que a nivel provincial continuó la caída, aunque a tasas muy inferiores a las del año anterior. Algunas provincias aplicaron durante el 2003 una mejora en los salarios, que habían sido reducidos durante los años 2000 y 2001, pero todavía no logró quebrar la tendencia negativa cuando aquellas se expresan en términos de poder de compra.

Con la salida del 1 a 1, las remuneraciones de ambos niveles de gobiernos se redujeron en más del 70%. El año pasado se revirtió levemente esta disminución, por el aumento de los salarios medidos en pesos y por la apreciación del dólar, el cual cayó de un valor promedio de $ 3,40 en el 2002 a $ 2,95 al año siguiente.


Una balanza inclinada
En este contexto se produce el aumento de los salarios de los empleados públicos dispuesto por el gobierno nacional, el cual rige a partir de junio y que, luego de los reclamos de los estatales provinciales, comienza tener su correlato a nivel subnacional.

Un aumento salarial de la misma cuantía tiene impactos diferentes sobre el equilibro presupuestario, según sea aplicado por el gobierno nacional o por las provincias. Ello se debe a que mientras la participación del gasto en personal respecto al total de erogaciones (neto de transferencias por coparticipación) es del 15% en la Nación, en las provincias la relación alcanza el 56%..

En la Nación el aumento previsto genera una suba en el presupuesto de alrededor de $100 millones, un 1,3% del gasto en remuneraciones presupuestado para el 2004 y un 1,1% del superávit previsto para lo que resta del año. Su impacto anual es de $ 180 millones, un 2,4% del gasto en remuneraciones presupuestado y un 1,2% del superávit proyectado para todo el año en curso.

En las provincias, un aumento de $150 a los 816.000 empleados que ganan menos de $1.000, arroja un total de $1.592 millones anuales. Esta suma representa el 8,3% del gasto en personal del consolidado de provincias y alrededor del 40% del superávit primario proyectados para este año.

Más allá del importante impacto en las cuentas provinciales, en caso de disponerse un aumento de este tipo en el consolidado de provincias para el segundo semestre, el resultado primario de $4.000 millones estimado para el 2004 se reduciría a $3.200 millones, sin poner en peligro el logro de la meta de superávit del 0,6% del PBI, previo al pago de intereses, acordada con el FMI.

Teniendo en cuenta las diferencias en las estructuras de las erogaciones, otra forma de observar el efecto desigual de dicha medida es calculando el incremento salarial equivalente para que determinadas variables de ambos niveles de gobierno respondan en la misma proporción:

Considerando una reducción del superávit primario del 1,2% tanto para la Nación como para las provincias, la medida equivalente al incremento de $150 para los trabajadores que ganan hasta $1.000 dispuesta por el gobierno central, debería ser un aumento de sólo $7 a nivel provincial.

Si el objetivo es que el gasto primario se incremente un 0,4% en las jurisdicciones, al igual que lo ocurrido a nivel nacional, los gobiernos locales sólo podrían aumentar los salarios en $12 en relación a los $150 de Nación.

Para que la medida tenga un costo de $180 millones anuales, como en el caso de la administración nacional, las provincias tendrían que incrementar los salarios en $17.

Informe de abeceb.com