María Julia Alsogaray podría enfrentar otro juicio oral

Buenos Aires.- La ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray deberá afrontar un nuevo juicio oral y público, acusada de defraudación a la administración pública, luego de que el juez Jorge Urso finalizó la instrucción y dispuso la elevación de la causa para ese proceso.

Así lo confirmaron esta mañana fuentes judiciales, quienes precisaron que el magistrado, en una resolución de 32 carillas, dispuso la clausura de este sumario en el que Alsogaray se encuentra procesada por defraudación al Estado, mientras que sus ex colaboradores Ricardo Fox y Gustavo Albano Abreu lo fueron como "cómplices secundarios".

En su oportunidad, en primera instancia, la ex polifuncionaria y Abreu habían sido beneficiados con una "falta de mérito" pero la Cámara de Apelaciones revocó ese medida y dictó sus procesamientos, como así también un embargo por 10 millones de pesos en los bienes de Alsogaray, otro de 7 millones para Fox y otro de 5 millones sobre Abreu.

En esta causa -iniciada por la Oficina Anticorrupción (OA)- se investiga la irregular cesión del predio donde se encuentra la planta transmisora de LRA 1, Radio Nacional, en la localidad de General Pacheco, en el partido bonaerense de Tigre; al crearse dos sociedades licenciatarias (Norte y Sur) cuando se privatizó la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel).

En su denuncia, el ex director de asuntos jurídicos de la OA Manuel Garrido (actual fiscal de Investigacioneas Administrativas) recordó que el 7 de noviembre de 1990 se adjudicó al consorcio Stet, France Cable et Radio, J.P. Morgan Co. Inc. y Compañía Naviera Pérez Companc el 60 por ciento de las acciones de la licenciataria Norte, por medio del decreto 296/90.

"Un día antes de la suscripción de los contratos de transferencia con las licenciatarias Norte y Sur", el 8 de octubre de 1990, la ex empresa nacional de telecomunicaciones "integró al listado de inmuebles" el de Ruta 197 y vías del Ferrocarril Mitre, donde funciona la planta de LRA1, en una operación "extemporánea" con grave perjuicio para el Estado.

En su extensa resolución, el magistrado recordó que "la transferencia operada respecto del inmueble e instalaciones es ilícita" y ordenó, además, extraer testimonios -tal como lo solicitaron la fiscalía y la querella- para determinar si las empresas que resultaron adjudicatarias incurrieron en irregularidades. (DyN)