Toma de la comisaría, una brasa para la Justicia

Luego de que dos jueces se sacaran el caso de encima, la Cámara debe resolver a qué fuero corresponde la causa

La Cámara Federal porteña deberá resolver el conflicto de competencia generado entre los jueces Norberto Oyarbide y María Angélica Crotto, quienes rehusaron asumir la investigación por la toma de la comisaría 24, de La Boca, ocurrida el 26 de junio pasado y liderada por el diputado bonaerense Luis D'Elía.

Aunque atribuyó una decena de delitos a los protagonistas de la ocupación de la seccional, Oyarbide se desprendió del expediente por entender que nada justifica la intervención de un tribunal federal y giró el caso a Crotto, quien mantiene el criterio opuesto y le devolvió el expediente.

"La causa no tiene juez. Crotto dice que no y yo he dicho que no, de manera que la Cámara es la encargada de indicar si es la justicia de instrucción o la federal la responsable del caso", explicó Oyarbide.

En una resolución que ya elevó a la Cámara, el juez amplió sus argumentos. Reiteró que D'Elía instó a sus seguidores a ir "a la comisaría y la vamos a prender fuego", como reacción al asesinato del piquetero Martín Cisneros, cometido en la noche del 25 de junio pasado en La Boca.

Oyarbide dijo que no hubo coacción por parte de los piqueteros a los agentes de la comisaría sino "simples amenazas", y subrayó que en cualquier caso los ocupantes exigían medidas que los policías sólo podían cumplir con la intervención de un juez: una serie de allanamientos y la detención de Juan Duarte, presunto autor material del crimen de Cisneros.

Crotto, a quien correspondía intervenir en un principio, dijo que fue contactada por teléfono a las 2 del sábado 26 de junio y que ordenó desalojar la seccional y apresar a los ocupantes. Y se quejó, en una denuncia que radicó una semana después, porque sus directivas fueron ignoradas. Oyarbide se convirtió en el juez instructor aquella madrugada, cuando apresó a Duarte y ordenó el arresto de un menor que sería cómplice del supuesto homicida. Además, atribuyó responsabilidad a D'Elía y el dirigente Angel Borello en una serie de ilícitos que tuvieron como escenario la seccional de La Boca.

En otro orden, la sala IV de la Cámara del Crimen porteña revocó ayer el sobreseimiento de un dirigente sindical acusado de organizar un piquete para impedir la entrada y salida de proveedores de la sucursal de un hipermercado, durante una protesta gremial en febrero último.

"La Justicia tiene el deber de resguardar la seguridad jurídica, que abarca la seguridad social y la seguridad económica, teniendo como punta de partida la libertad", escribió el camarista Marcelo González Palazzo al revocar el sobreseimiento del dirigente sindical Luis Córdoba.

El hecho ocurrió el 24 de febrero último en el hipermercado Carrefour de Warnes 2707 de Capital Federal, donde un grupo de camioneros bloqueó el acceso de proveedores e impidió la salida a los que ya estaban en el lugar. Ese día hubo protestas similares en todas las sucursales del país.