Firmas contra la conmutación de pena al bombero que cometió un triple crimen

Familiares de las víctimasde la masacre de Pérez piden al gobernador que anule el beneficio

"Somos alumnos de 5º año de la Escuela Provincial número 6398 de la ciudad de Pérez y nos dirigimos a usted con la intención de contarle lo que pasó una tarde de 1994 cuando un señor llamado Carlos Alberto Lovazzano decidió quitarle la vida a la mamá de su propia hijita de un año y además matar a dos familiares más y herir a otras cuatro personas". Los veintitrés chicos que suscriben la carta dirigida al gobernador Jorge Obeid se sumaron así a las 12.400 firmas que los familiares de las víctimas presentaron esta semana en demanda de que se anule la conmutación de pena otorgada por el gobierno provincial al autor de la masacre.

El caso en cuestión ocurrió el 5 de agosto de 1994. Lovazzano, oficial de los Bomberos Zapadores, asesinó a su esposa Marcela Cappellini, de 26 años, a su cuñada Adriana Cappellini, de 17, y a la abuela de ambas, Marina Taselli, de 75. Luego escapó llevándose a su hija, entonces de once meses.

El drama ocurrió en Yapeyú 1555. Lovazzano utilizó balas trazantes y encamisadas -de mayor poder destructivo- y mató a Marcela Cappellini en la calle, de tres disparos: uno por la espalda y los dos restantes cuando yacía en el piso. Luego, en la vereda, asesinó a Adriana Cappellini de seis tiros. Marina Taselli murió al ser alcanzada por un disparo, cuando el bombero irrumpió a balazos en el lugar, donde funcionaba una peluquería.

En una nueva presentación ante el gobernador, los familiares de las víctimas reseñaron las circunstancias del caso y destacaron que los jueces intervinientes en la investigación y la sentencia coincidieron en negar que Lovazzano haya actuado bajo emoción violenta.

Por el contrario, la investigación reveló que Marcela Cappellini era objeto de sistemáticos castigos y agresiones por parte de su esposo y que éste anunció su propósito criminal antes de concretarlo, por el hecho de que la mujer intentaba separarse para dejar de sufrir los malos tratos y el aislamiento que el bombero le imponía.

Asimismo, los familiares recordaron que Lovazzano violó la disposición judicial que lo inhibía temporariamente de ver a su hija. Dado que los abuelos paternos tenían un régimen de visitas -luego anulado por las irregularidades-, la nena era forzada a hablar por teléfono con su padre. "En dichas conversaciones (Lovazzano) le decía que pronto iba a salir y que la niña iba a estar con él, poniendo la culpa de lo sucedido en la familia materna".

Lovazzano se encuentra en el penal de Coronda, "separado de los restantes internos e incluso utiliza un patio que se destina a los internos que tienen salida laboral o por estudio". Todavía se ignora las circunstancias en que el Servicio Penitenciario de la provincia lo recomendó para que recibiera el beneficio cuestionado.