La Argentina ilegal

Julio Villalonga

El país atraviesa un momento de gravedad institucional. La gravedad deriva de la denuncia de una jueza de instrucción de la Capital Federal sobre la presunta desobediencia de unos fiscales y de la policía a su orden de detener a Luis D'Elía y sus acompañantes mientras ocupaban una comisaría de La Boca. El responsable de esa desobediencia sería, según la información disponible, el propio ministro de Justicia, Gustavo Beliz, quien fue el que dijo que no se había podido ubicar a la magistrada en la noche del 26 de junio y que, por eso, se había convocado al juez federal Norberto Oyarbide para que interviniera.

Que el Poder Ejecutivo utiliza a integrantes del fuero federal cada vez que lo necesita no es una novedad, pero tiene un responsable original, Carlos Menem, que desde los inicios de su presidencia no se detuvo hasta conseguir que la mayoría de los jueces federales respondieran al poder político, convirtiendo a ese fuero en una cómoda antesala -y en un filtro- de la siempre política Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, si una investigación seria e independiente consigue desentrañar lo ocurrido en la comisaría de La Boca, y se confirma lo denunciado por la jueza María Angélica Crotto -que dio un paso que siempre es muy medido en el Poder Judicial-, se abriría un abismo institucional que será producto más de la impericia de este gobierno que de las circunstancias políticas existentes en el país, donde las instituciones hace mucho fueron atravesadas por la corrupción y la manipulación.

La sobreactuación del presidente Néstor Kirchner y de sus principales espadas, en el sentido de que su gestión sería refundacional y una vuelta completa de hoja de los modos y maneras del menemismo, hace que un acto como el denunciado por la magistrada tenga un impacto mucho mayor en la sociedad. Hoy se ve con absoluta claridad que la búsqueda de diferenciación del gobierno con aquel pasado -que sin duda en muchos aspectos merece ser considerado bochornoso-, y para lo cual utiliza hasta el hartazgo el mecanismo de la descalificación de todo lo que no sea kirchnerista en estado puro, le vuelve como un boomerang que amenaza con golpearlo duramente en la cara. Le pasa al gobierno lo que les sucede a aquellos presuntos católicos que se la pasan orinando agua bendita pero no resisten la más mínima investigación de sus actos privados.

Que el dirigente piquetero Luis D'Elía haya conducido la toma de la comisaría capitalina exhibe, además, la increíblemente floja visión de los más estrechos colaboradores del presidente, que impulsaron la apuesta al líder social porque era un "moderado" y, por lo tanto, se trataba, decían, de la mejor opción para aislar a los piqueteros duros. Las últimas marchas por el asesinato del "Oso" Cisneros mostraron a blandos y duros tan cerca como nunca antes habían estado. D'Elía no ha perdido casi nada de su poder, de su influencia sobre algunos dirigentes clave del kirchnerismo. Los próximos días, las próximas semanas nos dirán si el primer mandatario sostiene su peligrosa política de desequilibrio, esa que lo hizo inclinarse hasta ahora por un discurso y una acción cercanos al pensamiento de D'Elía y los suyos. O, si por el contrario, se decide a buscar el centro de la escena y toma distancia de esta barbarie maquillada de justicia, que propone responder a un delito aberrante con la dinamitación de varios artículos del Código Penal. Si la lógica de D'Elía prevalece, si los ministros del Poder Ejecutivo buscan cómo hacer para que evite las consecuencias de sus actos, entonces estará clara la opción de este gobierno.

Y todos sabremos a qué atenernos.