A 49 años del secuestro

Juan Ingallinella, el primer desaparecido de la Argentina

El 17 de junio de 1955 fue detenido y torturado por la policía rosarina. Nunca se halló su cuerpo

Osvaldo Aguirre / La Capital

El 16 de junio de 1955 señala una de las fechas trágicas en la historia argentina. Ese día aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, en un intento por derrocar al presidente Juan Domingo Perón. Al mismo tiempo, en Rosario, comenzaron a gestarse los hechos que conducirían a la desaparición del médico Juan Ingallinella, de la que acaban de cumplirse 49 años.

Juan Ingallinella tenía 42 años y era un conocido dirigente del Partido Comunista. El mismo día en que se produjo el bombardeo, redactó un volante de condena a la masacre -hubo al menos 300 muertos en Plaza de Mayo- y el frustrado golpe militar. La policía de Rosario aprovechó la circunstancia para hacer una razzia, dirigida precisamente contra quienes se solidarizaban con las víctimas.

Los procedimientos comenzaron el 16 de junio, a cargo de policías de la División Investigaciones. Al día siguiente un grupo a órdenes de Francisco Eugenio Lozón (h) detuvo a Ingallinella en Saavedra 667, donde tenía su domicilio y consultorio particular.

Más de sesenta personas quedaron detenidas en la División Investigaciones. Entre ellas estaban los abogados Guillermo Kehoe y Alberto Jaime, a quienes el comisario Félix Monzón, jefe de Orden Social y Político, hizo bajar de un tranvía cuando se dirigían al antiguo Palacio de Tribunales para presentar un hábeas corpus por los presos.


Persecución
"Ingallinella era un tipo alegre y jovial. Aparte de ser médico, la gente lo tomaba como si fuera el psicólogo: lo consultaban si había problemas de enemistad o por cuestiones familiares. Lo buscaban porque él sabía escuchar y dar una opinión", recuerda el abogado Adolfo Trumper, primo hermano de Rosa Trumper, esposa de Ingallinella.

"Como médico, más que nada atendía a los niños. No fue a ningún gran sanatorio. Tenía un consultorio modesto y atendía a los pobres del barrio", agrega Trumper, que impulsó la querella contra los policías acusados por el secuestro y la desaparición de Ingallinella.

La detención de junio de 1955 fue precedida por una larga serie de persecuciones policiales. Miembro de la dirección provincial del Partido Comunista, Ingallinella estaba encargado de las tareas de propaganda y ya había caído en prisión después del golpe militar del 4 de junio de 1943. A partir de entonces los actos de hostigamiento y las amenazas se hicieron constantes.

Según se desprende del testimonio que dejó Guillermo Kehoe, las torturas eran corrientes entonces en la Jefatura de Policía rosarina. Se contaba para tal fin con una mesa especial, provista de correas y sogas para sujetar a la víctima mientras se le aplicaba la picana eléctrica.

Lozón y sus secuaces querían saber dónde estaban el mimeógrafo en que se había impreso aquel volante del 16 de junio y el "fichero" de los comunistas. Conocido perseguidor de opositores políticos, se jactaba de ser "un auténtico torturador" y le anunció a Kehoe el crimen que estaba por cometer: "Lo que te pasó a vos no es nada comparado con lo que le va a pasar a Ingallinella".

En la madrugada del 18 de junio otro detenido, Héctor Rolando Palma, observó cómo los policías llevaban a Ingallinella a la sección Leyes Especiales, donde volvió a ser torturado. Fue la última vez que se lo vio con vida.

Mientras el resto de los detenidos quedaba en libertad, se puso en marcha el encubrimiento. Los policías falsificaron la firma de Ingallinella para asegurar que había salido por sus propios medios de la Jefatura. También fraguaron cartas dirigidas a su esposa diciéndole que se había ido de viaje e imprimieron volantes donde atribuían la muerte del médico a sus propios compañeros.

De inmediato hubo movilizaciones de profesionales y estudiantes, y se formó una Comisión Universitaria para presionar por la investigación; el 13 de julio los trabajadores judiciales hicieron una huelga y el 2 de agosto la Confederación Médica de la República Argentina dispuso un paro nacional de actividades. El interventor federal de la provincia, Ricardo Anzorena, debió apartar al jefe de policía de Rosario, Emilio Vicente Gazcón, para reemplazarlo por Eduardo Legarreta, quien se dedicó a intimidar a los amigos y compañeros de Ingallinella.


Investigación y condena
El primer obstáculo para la investigación fue que el Consejo de Justicia Policial sostuvo su competencia en el caso. Se trataba de un tribunal creado durante el gobierno peronista para juzgar a miembros de la policía acusados por delitos. No obstante, el juez de instrucción Carlos Rovere también reclamó el sumario. El 3 de agosto de 1955, la Corte Suprema de Justicia de la provincia sostuvo que le tocaba intervenir al segundo, ya que los policías habían perdido su condición de tales al ser exonerados.

Dos años después, uno de los acusados, el oficial Rogelio Luis Delfín Tixie, rompió el pacto de silencio y reveló que el cadáver de Ingallinella había sido enterrado cerca de la estación de trenes de Ibarlucea y luego trasladado a otro punto, en un vehículo de la División Investigaciones. El militante del PC había fallecido mientras era torturado con picana eléctrica.

La Justicia comprobó que se habían arrancado las 41 primeras fojas del libro de guardia del 19 de junio de 1955 del puesto de la Policía Caminera de Pérez, para borrar las huellas del traslado. No obstante, se constató que el vehículo utilizado había regresado a Rosario a las 21 de aquel día. Y al hacerse excavaciones en la zona indicada por el policía, se halló una tela que habría correspondido al sobretodo del médico. Sin embargo, nunca se supo dónde fueron llevados los restos de la víctima.

Tixie también involucró al ex jefe de policía Emilio Gazcón, quien según dijo encomendó personalmente a Lozón los procedimientos y le ordenó aplicar torturas.

La sentencia definitiva fue dictada el 19 de diciembre de 1963 por la sala II de la Cámara del Crimen de Rosario. Lozón fue condenado a veinte años de prisión por homicidio simple, privación ilegal de la libertad y apremios ilegales; Félix Monzón, Rogelio Luis Tixie, Fortunato Domingo Desimone, Arturo Lleonart y Santos Barrera a 15 años de prisión; Ricardo Rey y Héctor Andrés Godoy a 6 años, por encubrimiento, privación ilegal de la libertad y apremios ilegales; Francisco Rogelio Espíndola y Fernando Luis Serrano a dos años, por encubrimiento; Gilbert Silvestre Bermúdez -ex jefe de Investigaciones- y Emilio Gazcón fueron multados por violación de los deberes de funcionario público.

Según destaca Adolfo Trumper, en 1955 "no existía el concepto jurídico de desaparición forzada de personas". El caso Ingallinella preanunciaba la peor época de la historia argentina.

Un "funeral cívico" en El Círculo, en noviembre de 1955.