Estado de conmoción

Absuelto por la Justicia, condenado por un pueblo

Los concejales de El Trébol expulsaron de esa ciudad a un hombre al que acusaron por varios delitos pero al que un juez declaro inocente. Un caso con antecedentes y pronóstico incierto

Luis Emilio Blanco / La Capital

"Está en la ciudad de El Trébol. Respete sus ordenanzas y comparta sus costumbres", reza un cartel ubicado sobre la avenida central. La sugerencia condice con la armonía y el orden que se observa en las calles. Nada indica que hace tiempo atrás, en esta población del departamento San Martín distante a 160 kilómetros de Rosario, la gente tenía miedo de salir de sus casas.

La historia comenzó hace unos diez años, cuando llegó a la ciudad un hombre que, según cuentan los vecinos, "era un profesional del delito que se aprovechó de la tranquilidad del pueblo" para llevar adelante gran cantidad de atracos a viviendas de familias acomodadas. El malestar de la población derivó en la declaración, por parte de los concejales que contaban con el aval de la intendencia, de "persona no grata" y la invitación a Hugo Antonio González Soto -el personaje en cuestión- para que "se retirara de la ciudad a la brevedad".

La historia tiene antecedentes recientes en la provincia: a fines de 1999, una familia fue detenida y luego virtualmente obligada al exilio en Hughes, tras ser acusada infundadamente por la muerte de una de sus hijas, y el año pasado, en medio de una pueblada, vecinos de Arequito propusieron expulsar a las personas consideradas "indeseables" de esa localidad (ver aparte).


EN LIBERTAD
Hace aproximadamente un mes, González Soto salió de la cárcel por orden del juez de sentencia de Santa Fe, Sebastián Creus, quien lo absolvió de los cargos que se le imputaban como partícipe en el asalto a la madre del presidente del Concejo trebolense, Alfredo Muya. El episodio ocurrió en diciembre de 2002, y los autores se alzaron con aproximadamente 25 mil pesos.

Entre otras consideraciones, para Creus, "la policía local habría armado la causa y plantado pruebas" para incriminar a González Soto, con la intención de apresar de una buena vez al individuo que creían causante de la mayoría de los ilícitos que se cometían en la ciudad. En El Trébol ponen en duda el accionar de la Justicia y aseguran que se cometieron graves errores en el proceso y que el sindicado como autor realmente era responsable del robo, junto a otro hombre -que también estuvo dieciséis meses preso- y a un menor.

El juez Creus apuntó en la sentencia que "en la ciudad parece haber descendido el espíritu cuáquero de Salem", en referencia a las persecuciones religiosas y la caza de bruzas emprendidas en esa ciudad norteamericana en el siglo XVII. "Se estigmatizó a Hugo Antonio González Soto como el culpable de la inseguridad de la ciudad y -con la declaración del Concejo- se violaron numerosas normas constitucionales", destacó.

Posteriormente Creus envió copias de su fallo a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), para que se analice si la declaración de persona no grata constituye discriminación y si los ediles se excedieron en sus funciones violando el principio de inocencia del acusado. El organismo provincial radicó una denuncia ante el fiscal Héctor Millen de Santa Fe, quien ordenó que se investigue si el comportamiento de los concejales podría configurar un delito.

Para el fiscal Millen, "los ediles podrían haber incurrido en la figura de abuso de autoridad al discriminar socialmente a González Soto". La causa fue girada al Juzgado Correccional de la 8ª Nominación de Santa Fe, a cargo del juez Roberto Reyes.


Problemas de vecindad
Mientras tanto, González Soto fue reporteado en una radio local la semana pasada, donde aseguró que iniciará acciones legales contra la Municipalidad y el Concejo de El Trébol, después de que las autoridades se negaran a rectificar la declaración de persona no grata.

Esa medida fue tomada por los ediles a mediados de 2001, para dar respuesta al reclamo de los vecinos que, asustados por una ola de asaltos de características inusuales para una población de 12 mil habitantes, "llegaron a armarse y pensaron en organizar un linchamiento u otro hecho de violencia", según explicó el intendente Angel Mateo Rossi.

"Los sucesos se reiteraban y todos acusaban a González Soto como organizador. Podrán decir lo que quieran pero cuando esta persona se fue de la ciudad volvimos a vivir normalmente", argumentó el intendente.

Entre los casos más sobresalientes cuentan el desvalijamiento a la casa de un ex concejal mientras celebraba su casamiento en otra localidad y el asalto a la vivienda de un laico que guardaba el dinero de una colecta de Cáritas. En este último episodio, la persona fue maniatada y golpeada.

Según Rossi, "el temor de la gente llegó a tal punto que nadie quería salir de sus casas, a las instituciones les costaba organizar las tradicionales cenas, porque los vecinos se resistían a dejar sus hogares. Era cuestión de levantarse y preguntar a quién habían robado la noche anterior. La situación se tensó tanto que, ante la falta de respuesta de quienes debían intervenir en el asunto, decidimos adoptar una decisión política".

Rossi y Muya contaron que antes de declarar persona no grata a González Soto, viajaron a Santa Fe para solicitar ayuda al ministro de Gobierno de la provincia. "La ayuda quedó en promesas y por eso hicimos lo que hicimos", apuntaron.

El intendente sostuvo que "no se puede hablar de discriminación si tenemos en cuenta que esta es una de las ciudades de la provincia que más crecimiento poblacional tuvo desde 1983 hasta la actualidad. En todos estos años vino mucha gente de afuera, principalmente a trabajar en nuestras industrias".

"La ausencia de juzgados departamentales en materia penal, trae aparejadas situaciones que, lamentablemente, muchas veces son contrarias al pensamiento de la comunidad. Tengo absoluta tranquilidad de conciencia, bajo ningún aspecto tuve mala intención. Simplemente tratamos de evitar un hecho lamentable e interpretamos el pensamiento y el sentir de la gente de El Trébol", enfatizó el intendente Rossi y aseguró que "de ahora en más serán los abogados los que manejen la cuestión, si así lo desea González Soto", evidenciando una férrea decisión de mantener su postura, al igual que los concejales.

Ese punto de vista fue compartido por Muya y por el senador provincial Daniel Depetris quien, en una reunión junto a concejales de El Trébol, Sastre y San Jorge y autoridades policiales para tratar el tema de la seguridad, sostuvo que "en los últimos dos años se crearon distintos juzgados en la provincia y en algunos lugares del interior. La ley que habilita un juzgado penal en San Jorge está aprobada y el compromiso de las autoridades actuales es constituirlo en el mes de agosto. En ese mes comenzarán los trabajos del Concejo de la Magistratura para el llamado a concurso y las acciones correspondientes a la selección del personal", consignó.

El legislador manifestó que, a pesar del compromiso, "hay una fuerte resistencia de parte de las dos grandes ciudades de la provincia, que reclaman para sí más juzgados y, a la hora de evaluar, las estadísticas juegan en contra de las ciudades del interior" y enfatizó que "es muy importante complementar el trabajo de la policía con magistrados que conozcan el contexto donde se producen los hechos que después juzgarán".

Hugo Antonio González Soto o el Choro fino, como se autodenomina y lo llama la mayoría de los vecinos consultados, nació en Rafaela y llegó a El Trébol como empleado de la construcción cuando se realizó la obra del Jardín de Infantes Nucleado Nº 90 "Dulce de Leche", a mediados de los '90.

A pesar de su buen vivir, no tenía ocupación visible pero aseguraba que se dedicaba a la venta de autos usados. Después de la publicación del caso en los medios de prensa, fuentes policiales informaron que Hugo González Soto había participado hace pocos años atrás de una serie de delitos en su ciudad natal. Se le adjudica el robo al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y a cuatro viviendas particulares.

Según cuentan en El Trébol, el hombre tenía perfil de líder entre sus amistades. "Gustaba mostrar sus vehículos nuevos y pagar la vuelta para todos en el bar", comentó un conocido. Se sabe que ahora vive en un pueblo en la provincia de Entre Ríos, donde compró algunas hectáreas para instalar una granja.

El juez Sebastián Creus absolvió a Hugo Antonio González Soto y a Pablo Leandro Salvareschi, ambos acusados como partícipes principales de robo calificado por el uso de arma en el ataque a Mirta Raquel Baudracco, madre del presidente del Concejo Deliberante, Alfredo Muya.

"Todos los elementos que se pretenden incriminantes, carecen de valor convictivo y traslucen una serie de irregularidades que perfilan una acusación arbitraria", sostuvo Creus en la sentencia.

"A todas estas deficiencias -entre otras mencionó presiones a un testigo, declaraciones falsas y armado de otras pruebas-, se agrega un elemento que para mí le da sentido al camino que tomó el proceso. Y es que está demostrado que en la ciudad de El Trébol parece haber descendido el espíritu cuáquero de Salem porque durante el año 2002 se generó un movimiento más o menos difundido entre la población para focalizar en González Soto todos los problemas de seguridad que tenían", afirmó el juez.

"Obviamente que ello es ejemplo del pensamiento mágico o totémico -sostiene el juez- porque no se necesita ser muy versado en estas materias para saber que los problemas de seguridad no pueden adjudicarse a una persona, solamente porque ésta haya tenido alguna vez una sentencia de condena. Sin embargo, se logró que el Concejo, declarara al mencionado como persona no grata y lo invitara a abandonar la ciudad".

Esa resolución "fue tomada meses antes de estos hechos, lo cual significa que ya se había instalado una cierta estigmatización de González Soto que marcaría el camino de la arbitrariedad que luego se transitó. No necesito explicar la cantidad de normas constitucionales que con esa resolución se han violado. Es más, considero que podrían haberse cometido actos de discriminación", concluyó el juez. Y comenzó la polémica.

Las autoridades de El Trébol afirman contar con el respando popular para sancionar a Hugo González Soto.